Intermediarios encarecen los estorbos públicos y restan compensación

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) documentó que las firmas contratadas por municipios para manejar estorbos públicos y expropiaciones forzosas arman una red de subcontratos y pagos que deja rendimiento a casi todos los socios comerciales —menos al municipio— y que, en buena medida, queda fuera del radar de la Oficina del Contralor (OCPR).

En Caguas, Francis & Gueits Law Office propuso un plan con abogados externos; uno de ellos, a su vez, subcontrató la operación de las demandas. El análisis de facturas en el Tribunal de Primera Instancia muestra que esa cadena impuso a los propietarios un cargo de 20,000 dólares sobre el valor de inmuebles declarados estorbo. El mismo bufete cobra cerca de 10,000 dólares por representación legal; el municipio le asignó 263 propiedades. Universal Properties Realty Government Services, con contratos en 22 municipios, presenta facturas que rondan los 22,000 dólares por propiedad. Ni Francis & Gueits ni Universal cobran al ayuntamiento: el gasto se carga al inmueble y lo paga quien compra el estorbo, reduciendo lo que podría recibir la persona expropiada.

El contraste lo pone San Sebastián: el alcalde Javier Jiménez Pérez dijo al CPI que el municipio maneja el programa in-house y estima entre 4,500 y 5,000 dólares por propiedad (ingeniero, agrimensor, abogado, tasación), con el comprador asumiendo tasación más 10% de gastos bajo el Código Municipal. En Caguas, el alcalde William Miranda Torres canceló a Universal tras “deficiencias” y la refirió a Justicia; mantuvo a Francis & Gueits.

Parte del dinero de compradores pasa por la cuenta en plica de Encinales Realty —ligada al abogado Juan Hernández Rivera— antes de consignarse (si acaso) en tribunal. El CPI señala que eso, más el hecho de que los contratos municipio-comprador no se registran en la OCPR, saca esas transacciones de la fiscalización ordinaria del Contralor. De 35 demandas del bufete entre enero de 2021 y mayo de 2023, en 25 no se depositó ni un centavo para compensar al expropiado; en 14, la deuda del inmueble era solo los 20,000 dólares facturados por Francis & Gueits.

Un juez en Caguas, Elías Rivera Fernández, cuestionó en vista de marzo de 2023 que “milagrosamente” los gastos igualaran el valor neto del inmueble. El CPI ya había reportado que en el 84% de las tasaciones de Francis & Gueits y Universal se concluye demolición (terreno menos escombros), y que en el 87.5% de las expropiaciones revisadas no hubo consignación para indemnizar. La Junta Examinadora de Evaluadores investiga la metodología de tasadores; Justicia/NIE y referidos del PIP (Santiago y Márquez) también están en curso. Contratación de intermediarios no es, por sí sola, sentencia de fraude: es un patrón de costos y opacidad que el primary pone sobre la mesa.