La ayuda federal tras los desastres llegó a $448 billion en una década, pero la entrega sigue en riesgo

La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO) publicó el 25 de marzo de 2025 un análisis sobre cómo se entrega la ayuda federal después de un desastre. La fuente principal es la página institucional que acompaña el informe Disaster Assistance: Improving the Federal Approach. El documento mira el sistema nacional, pero Puerto Rico aparece como un ejemplo concreto de lo difícil que puede ser convertir una promesa de recuperación en obra terminada, años después de Irma y María.

La escala del dinero ayuda a entender el problema. Durante los años fiscales 2015 a 2024, las apropiaciones para asistencia de desastres sumaron al menos $448 billion. Esa cifra no incluye otros $110 billion en apropiaciones suplementarias aprobadas en diciembre de 2024 para el año fiscal 2025. Son fondos autorizados por el Congreso para responder a emergencias y reconstruir; la cifra no significa que todo ese dinero ya se haya pagado ni que cada proyecto esté terminado.

El análisis también describe una presión creciente sobre el sistema. En 2024 hubo 27 desastres con por lo menos $1 billion en daños, frente a 14 en 2018. FEMA manejaba más de 600 declaraciones mayores todavía abiertas y algunas tenían casi 20 años. Para la persona que espera que reparen una escuela, un acueducto o una carretera, esa duración se traduce en más revisiones, cambios de costos y decisiones que pueden pasar por varias agencias.

La GAO colocó en febrero de 2025 la mejora de la entrega de asistencia federal por desastres en su lista de asuntos de alto riesgo. El informe identificó más de 30 entidades federales con programas, reglas y fechas distintas. También señaló cerca de 60 recomendaciones abiertas y cuatro asuntos para consideración del Congreso. Sus prioridades son hacer más sencillos los procesos para sobrevivientes, reducir la fragmentación entre agencias, fortalecer el personal de FEMA e invertir más en resiliencia. Entre las opciones discutidas está una comisión independiente que estudie una reforma amplia del sistema.

Puerto Rico permite ver esa dificultad en terreno. La GAO recordó que en febrero de 2024 había examinado la recuperación de Irma y María, más de seis años después de los huracanes. FEMA y el Gobierno de Puerto Rico habían tomado medidas para adelantar fondos y comenzar trabajos permanentes. Aun así, algunos subrecipientes que recibieron premios acelerados identificaron costos de proyecto mayores que los estimados, lo que podía poner en riesgo la terminación. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados citó un proyecto de planta de tratamiento cuyo costo superó el estimado original en 42 por ciento.

Ese ejemplo no dice por sí solo que haya fraude ni que el dinero se haya perdido. Dice algo más básico: una obligación financiera puede existir antes de que la obra avance, y el costo puede cambiar mientras llegan permisos, diseños, compras y construcción. El propio enfoque de la nota exige separar el dinero autorizado, el compromiso de una agencia y el dinero que finalmente sale hacia un proyecto.

La GAO también describió a FEMA como una fuerza laboral sobrecargada por el aumento de desastres y por otras emergencias. Recomendó una metodología más completa para medir si una jurisdicción tiene capacidad para responder sin ayuda federal. Según el análisis, esa medición debe ayudar a decidir cuándo hace falta asistencia y cómo dirigirla mejor; al momento del informe, la recomendación todavía no estaba plenamente implementada.

Para Puerto Rico, la lectura es de contexto y no sustituye los informes locales sobre obligaciones, adelantos o desembolsos. La nota relacionada 1351 sigue el carril de transición de COR3. Esta nota mira el sistema federal: el tamaño de las apropiaciones, la cantidad de programas y el riesgo de que una recuperación larga quede atrapada entre reglas distintas. Las dos perspectivas pueden hablar del mismo desastre sin medir la misma cosa.

El límite es importante. La fuente principal es un solo análisis de la GAO publicado el 25 de marzo de 2025. Sus cifras nacionales no son un estado de cuenta de Puerto Rico y el texto no convierte un costo mayor, una demora o una obligación en una acusación. Una obligación no es un desembolso; un desembolso tampoco demuestra por sí solo que hubo hurto.

Pa’ que se entienda

Estas palabras describen etapas distintas del dinero público.

$448 billion: Apropiaciones federales para asistencia de desastres durante los años fiscales 2015 a 2024.
$110 billion adicionales: Apropiaciones suplementarias aprobadas en diciembre de 2024 y no incluidas en la cifra de diez años.
Lista de asuntos de alto riesgo: La GAO la usa para señalar áreas que necesitan atención sostenida del gobierno.
Más de 600 declaraciones abiertas: Casos mayores que FEMA todavía manejaba, algunos con casi dos décadas.
Obligación: Compromiso formal de fondos; no prueba que el dinero ya se haya desembolsado.
Desembolso: Dinero girado o pagado; tampoco es por sí solo prueba de hurto.

Fuente principal: U.S. Government Accountability Office, Disaster Assistance: Improving the Federal Approach, GAO-25-108216, publicado el 25 de marzo de 2025 — https://files.gao.gov/reports/GAO-25-108216/index.html