CPI: pesquisa federal de cinco anos sobre Hector Sanchez; no hay acusacion

El 25 de marzo de 2025, el Centro de Periodismo Investigativo informa, por Laura M. Quintero, en alianza con 9 Millones, que las autoridades federales investigan al senador por el distrito de Carolina Héctor Joaquín Sánchez Álvarez por presuntamente solicitar sobornos a contratistas del Departamento de Educación cuando trabajaba allí. El patrón, según dos fuentes con conocimiento de las pesquisas, se extendió mientras ocupaba el cargo de comisionado electoral y trabajaba en la campaña del exgobernador Pedro Pierluisi. La investigación criminal del Negociado Federal de Investigaciones y de la Oficina del Inspector General del Departamento federal de Educación comenzó hace cinco años, cuando esa oficina recibió alegaciones de que Sánchez Álvarez usaba su posición para intervenir indebidamente en la distribución de fondos, contrataciones y subastas. Pesquisa no es acusación. En este reportaje no hay cargos radicados ni pliego acusatorio.

La portavoz de la fiscalía federal para el distrito de Puerto Rico, Lymarie Llovet, contestó por escrito que, «de conformidad con la política del Departamento de Justicia», no pueden comentar «ni confirmar o negar la existencia» de una investigación en curso. Sánchez Álvarez, abordado en su oficina en el Capitolio, cuestionó el acceso a información confidencial y luego puntualizó por escrito: «Nadie me ha notificado, ni citado sobre investigación federal alguna. De hecho, las alegaciones son tan absurdas o inverosímiles que nadie, autoridades federales o locales, las creería». El presunto esquema, dice el CPI, involucra a dos suplidores del Gobierno. Innovative Solutions, Inc., INSOL, acumula 51.7 million de dólares en contratos de tecnología y consultoría administrativa con Educación en 17 años, según el registro de contratos de la Oficina del Contralor citado por el CPI. La otra es AKA Electrical Engineering & Contractors, del área de Naguabo, contratada principalmente por la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas desde 1998. Una fuente que lo afirmó bajo juramento dice que las alegadas solicitudes de soborno a los oficiales de ambas compañías, Julio César Muñoz Ayala y Luis Fidel Robinson Meléndez, sobrepasan en conjunto los 50,000 dólares, y que empezaron en 2017, cuando Sánchez Álvarez era secretario auxiliar de Educación Ocupacional y Técnica bajo la entonces secretaria Julia Keleher, su jefa de aquel momento. Esta nota no es un recuento de Keleher.

Muñoz Ayala, vicepresidente de INSOL, ripostó por escrito que «la información que asocia a Innovative Solutions con cualquier investigación, negociación de contrato, acto de soborno o cooperación es absolutamente FALSA», y dijo que nunca ha recibido solicitud de soborno de funcionarios de Educación. Robinson Meléndez no estuvo disponible al momento de la publicación. El CPI cuenta tres querellas ante el Inspector General: 2019, por alegada intervención de legisladores del PNP en fondos de un programa para estudiantes con diversidad funcional; 2020, por alegadas presiones para enmendar contratos a favor de INSOL; y 2021, por un alegado esfuerzo de anular una subasta de generadores para 231 escuelas y favorecer a Bella Sofía Contractors. El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, dijo que la agencia «colabora de manera plena y diligente» con las investigaciones, sin reaccionar a las alegaciones específicas. Alegación no es hallazgo. Querella no es cargo. Quedan cinco años de pesquisa, 51.7 million en contratos, más de 50,000 dólares alegados y un no a la acusación. El lector que quiera al CPI este 25 tiene la URL al pie. No es reportaje original.

Fuente: CPI. https://periodismoinvestigativo.com/2025/03/investigan-hector-sanchez-alegaciones-corrupcion/