Ley 22: donativos a sin fines de lucro con huecos y nombres fantasma

La Ley 22 —hoy bajo el Código de Incentivos, Ley 60— exige a muchos inversionistas residentes donar cada año a entidades sin fines de lucro en Puerto Rico. Una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), con los datos de 2022 del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), encontró irregularidades en esa exigencia: más de 300 entidades recibieron alrededor de 9.2 million, pero la lista incluye recipientes que no cumplen lo que la ley pide.

El ejemplo de apertura es Lahar Foundation, que no está registrada en Puerto Rico y aparece ligada en búsquedas a un santuario en Washington que habla de contacto extraterrestre. Aun así figura entre las que en 2022 recibieron más de 60,000 dólares de beneficiarios del incentivo. El CPI identificó 36 casos —cerca del 11% de las entidades de esa lista— que no aparecen en el roster de sin fines de lucro aprobadas por Hacienda; una docena están registradas en Estados Unidos, no en la Isla. La misma lista del DDEC incluye más de 500,000 dólares a nombres genéricos como “charity”, “na” o “sin especificar”.

Desde 2017 el programa pide al menos 5,000 dólares anuales (10,000 dólares para decretos a partir de 2020) a entidades exentas bajo la sección 1101.01 del Código de Rentas Internas y autorizadas por la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario. Unos 1,160 beneficiarios con decretos anteriores a 2017 no tienen esa obligación de donativo.

Carlos Fontán, director de la Oficina de Incentivos del DDEC, admitió fallas en 2022 pero dijo que el por ciento es “bien, bien, bien bajo” y que donar a una entidad no certificada es “subsanable”: el inversionista puede enmendar el informe y donar de nuevo. Hacienda confirmó al CPI que 36 de 39 entidades señaladas nunca tuvieron exención en Puerto Rico. La agencia dijo haber enviado 37 notificaciones a principios de 2024. Fontán confirmó que el DDEC nunca ha revocado un decreto por incumplir el requisito de donativos.

Entre los recipientes con exención, Partnership for Modern Puerto Rico —ligada a Alberto Bacó Bagué, exsecretario del DDEC— recibió más de 200,000 dólares en 2022. Gaudium et Spes reportó 228,856 dólares de inversionistas residentes y, según su 990 federal, ese año movió más de 240,000 dólares a proyectos fuera de la Isla (alrededor de un 40% de sus aportaciones fueron a sin fines de lucro en Puerto Rico). También aparecen entidades con fines de lucro en la lista del DDEC, como Holberton School (10,000 dólares), que explicó que el dinero va a un fondo de becas administrado por la Fundación Comunitaria.

El CPI subraya que el incentivo no exige inversión mínima ni creación de empleos: vivienda, 185 días en la Isla, informe anual y —para muchos— el donativo. Mientras tanto, parte de ese “pago” social aterriza en entidades sin exención de Hacienda o en estructuras que redirigen fondos fuera o a través de intermediarios.