CPI: el saqueo a los fondos públicos detrás del chat

El 17 de julio de 2019, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) publicó una investigación que sitúa, detrás del chat de Telegram del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, una red de venta de influencias y contrataciones en plena crisis fiscal. Según el CPI, el esquema principal y varios secundarios con el mismo modus operandi se orquestaron desde La Fortaleza por allegados cercanos al Mandatario y —dice el reportaje— con su conocimiento.

Al tope del esquema el CPI coloca a Elías Sánchez Sifonte (ex presidente del Comité de Transición, cabildero y amigo íntimo de Rosselló), al publicista Edwin Miranda Reyes y al estratega de prensa Carlos Bermúdez Urbina. Los tres figuran entre los 12 participantes de las 889 páginas del chat revelado días antes. El modus: plantar personal y contratistas en puestos clave de asesoría y comunicaciones, controlar la información y compartir datos privilegiados de contrataciones a cambio de comisiones y pagos.

Cuatro fuentes dijeron al CPI que Sánchez, sin contratos directos registrados, colocaba clientes en agencias y cobraba comisiones de hasta 25% del monto e igualas fijas de hasta $50,000 mensuales. El reportaje documenta intervenciones ante Vivienda (cliente AECOM vs. Tu Hogar Renace; el secretario Fernando Gil Enseñat dijo que mantener a Adjusters International ahorró $21 million frente a la propuesta de AECOM), Hacienda (cliente GILA), Microsoft (más de $100 million en contratos en la administración; licencia AmpliFund por $11 million), Corrección (Carolina Catering, contrato de $300 million según fuentes) y ASES (subasta Vital enlazada a acusaciones federales contra Ángela Ávila, Fernando Scherrer de BDO y Alberto Velázquez Piñol).

Otras cifras del CPI: al menos 65 contratos por $12.6 million ligados a compañías asociadas a Raúl Maldonado y su hijo; Miranda y sus firmas, más de $50 million en contratos con 22 agencias; Bermúdez (Ojo Creativo), $540,000 en 16 contratos con siete agencias; Unidos por Puerto Rico, $41 million en donativos y bajo pesquisa federal. CSA Architects & Engineers: $26 million en 10 agencias.

Investigación periodística y acusaciones federales no equivalen, por sí solas, a condena. Contrato adjudicado no es robo adjudicado. Esta nota no imputa culpabilidad penal.