Auditores: FEMA no aseguró bien los controles de obras públicas en DTOP

La Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional es la capa de fiscalización interna sobre componentes como FEMA. Para Puerto Rico, sus auditorías de capacidad sobre fondos de asistencia pública después de María son lectura obligada si se quiere hablar de riesgo de incumplimiento sin confundir un hallazgo de control con una convicción penal. Un ejemplo central es el informe OIG-20-25, publicado el 9 de abril de 2020, sobre los fondos de subvenciones de FEMA otorgados al Departamento de Transportación y Obras Públicas, disponible en el sitio del inspector general.

El resumen ejecutivo establece que Williams-Adley determinó que FEMA no siempre aseguró que el Departamento de Transportación y Obras Públicas estableciera y aplicara políticas, procedimientos y prácticas para contabilizar y gastar fondos de asistencia pública conforme a las regulaciones federales y las guías de FEMA. En concreto, el DTOP no tenía un proceso eficaz para administrar subvenciones, controles internos suficientes en la contratación ni controles suficientes sobre el trabajo realizado por personal propio. La causa señalada fue que FEMA y la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia no supervisaron adecuadamente las actividades de administración de subvenciones del DTOP. El inspector general emitió tres recomendaciones y FEMA estuvo de acuerdo.

Ese lenguaje importa. El informe habla de riesgo de incumplimiento, costos que podrían no ser reembolsables y debilidad de controles; no habla de una sentencia por hurto. En Borinquen, la distinción entre acusación y convicción, y entre hallazgo de auditoría y desfalco probado en un tribunal, es una regla profesional. El valor informativo del informe OIG-20-25 es mostrar que, temprano en el ciclo de la subvención, el inspector general ya documentaba lagunas de capacidad en un solicitante clave de infraestructura vial.

El conjunto de informes del inspector general sobre Puerto Rico y FEMA es más amplio. Incluye auditorías de capacidad paralelas sobre el Departamento de la Vivienda, en el informe OIG-20-22, y el Departamento de Educación, en el informe OIG-20-26, entre otros documentos en formato PDF. Más recientemente, el informe OIG-25-39, publicado en septiembre de 2025 sobre asistencia técnica para reconstruir la red eléctrica tras María, afirma en su síntesis pública que FEMA obligó más de 13,000 millones de dólares para ese fin y que no aseguró oportunamente la reconstrucción conforme a regulaciones y guías. El informe señala asistencia técnica insuficiente a la Autoridad de Energía Eléctrica para preparar alcances de trabajo y planes de trabajo detallados, dentro de los procedimientos alternos de asistencia pública y la estrategia FAASt. La cifra se presenta como una obligación para la red eléctrica; no debe cambiarse por desembolsado ni por hurto.

Cómo usar estos informes en una redacción: descargar el documento oficial en HTML o PDF, no un resumen de terceros; citar el número, la fecha y si FEMA estuvo de acuerdo; separar las recomendaciones abiertas de las cerradas cuando el sitio lo permita; cruzar el solicitante auditado, ya sea DTOP, Educación, Vivienda o la autoridad eléctrica, con las filas de detalles de asistencia pública para seguir las hojas de proyecto del mismo universo; y nunca transformar una auditoría de capacidad en una crónica policial sin evidencia judicial.

La ficha del informe OIG-20-25 añade metadatos útiles: número OIG-20-25, fecha de publicación 9 de abril de 2020, archivo OIG-20-25-Apr20.pdf, agencia de Seguridad Nacional FEMA, área de supervisión de recuperación de desastres, palabras clave de Transportación y Obras Públicas y año fiscal 2020. El PDF preparado por Williams Adley precisa que, durante el período cubierto, el DTOP no tenía políticas escritas de administración de subvenciones ni un punto central de coordinación; que el personal carecía de la capacitación de contratación requerida; y que no entendía los requisitos de FEMA para reclamar tiempo compensatorio. El riesgo descrito era doble: contratar con entidades excluidas que no fueran elegibles para reembolso y usar fondos federales para fines no respaldados o no permitidos. El resumen no publica aquí un monto en dólares de costos cuestionados, por lo que no corresponde inventarlo.

El contexto de las auditorías de capacidad de 2020 es temporal: se realizaron temprano en el ciclo de las subvenciones para identificar dónde la Oficina de Recuperación y los solicitantes necesitaban más asistencia técnica. El informe OIG-20-22, de marzo de 2020, sobre Vivienda encontró debilidades en los controles del trabajo realizado por personal propio y en las hojas de horas. El informe OIG-20-26, de abril de 2020, sobre Educación señaló retrasos en trabajos de emergencia y solicitudes de reembolso. Con corte al 14 de diciembre de 2018, el auditor citó que FEMA había obligado 321,629,430 dólares en asistencia pública al Departamento de Educación bajo 17 hojas de proyecto de trabajo de emergencia. Esa cifra lleva fecha de corte y la etiqueta de obligación; no se recicla como total de 2026 ni como desembolso.

El informe OIG-25-39 actualiza el hilo de la red eléctrica: FEMA financió primero reparaciones de emergencia y luego la reconstrucción, obligando más de 13,000 millones de dólares para ese fin. Puerto Rico usó procedimientos alternos de asistencia pública; FEMA diseñó FAASt en 2019 para estimar por categorías de activos y extrapolar. El hallazgo no dice que el dinero desapareció: dice que faltó asistencia técnica para las declaraciones de trabajo y los planes de trabajo. La Región 2 de FEMA estuvo de acuerdo en ofrecer capacitación adicional a la Oficina de Recuperación, la autoridad eléctrica y sus afiliadas, con fecha estimada de terminación del 31 de diciembre de 2025 según la respuesta citada en el informe. En 2026 se puede preguntar si esa fecha se cumplió, sin convertir el hallazgo en un veredicto penal.

Para la transparencia de la recuperación, los informes del inspector general y OpenFEMA se complementan. OpenFEMA muestra la tubería de obligaciones; el inspector general muestra si los controles del solicitante y la supervisión de FEMA eran adecuados. Seguridad Nacional aporta el marco institucional, el centro de Puerto Rico orienta a la ciudadanía y las declaraciones fijan el número del desastre. Juntos forman un kit mínimo para cubrir desastres en el Caribe. Este texto mantiene como referencia relacionada el número 749 y el tema de política. Fuente: página oficial del informe OIG-20-25 en oig.dhs.gov.