Contralor emite opinión cualificada sobre operaciones fiscales del Senado (DA-22-15)

La Oficina del Contralor de Puerto Rico emitió el Informe de Auditoría DA-22-15 sobre las operaciones fiscales del Senado de Puerto Rico, con fecha de publicación en el comunicado del 22 de junio de 2022. La Contraloría emitió una opinión cualificada: se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El informe revela que el Senado pagó 74,908 dólares de forma indebida por el plan médico a 10 de los 15 oficiales que sirvieron de escolta a los entonces presidentes del Senado del 2013 al 2018. Esos oficiales ya contaban con un plan médico que les pagaba el Negociado de la Policía por 19,000 dólares. Según la Contraloría, el Senado actuó contrario al Código Político al compensar de forma extraordinaria a los oficiales —pagar su plan médico— sin autoridad legal para ello.

La auditoría de seis hallazgos señala, de una muestra, que el 46% de los empleados del Senado con puestos de supervisión acumularon y utilizaron tiempo compensatorio al cual no tenían derecho. Ese pago de 2,265 dólares, para el periodo del 2013 al 2018, se describe como nulo y contrario a la reglamentación vigente.

Los auditores identificaron que, de la totalidad de las compras por 376,921 dólares entre el 2013 y el 2020, el 20% correspondió a gastos extravagantes, excesivos e innecesarios: por ejemplo, un sofá por 2,545 dólares, dos lámparas chandeliers por 1,200 dólares cada una, o una mesa de consola por 870 dólares solicitados por personal de un exlegislador, o dos laptops por 9,106 dólares para la Oficina de la Presidencia en el 2016. Además, el Senado compró 225 camisas rojas para un evento deportivo cuya participación ya incluía una camisa oficial a los inscritos.

El sistema de registro de asistencia y licencia adquirido por 21,849 dólares presentaba múltiples deficiencias: la acumulación de licencias tenía que hacerse de forma manual, no descontaba el tiempo compensatorio y la pantalla no daba información básica al empleado, entre otras. Esas situaciones se atribuyen a la ausencia de evaluación de la necesidad y conveniencia de la compra.

El informe también señala que, al 30 de junio de 2020, el Senado carecía de algunas disposiciones para regular el uso y control de la cuenta de la tarjeta de crédito —designación de un administrador, tipo de bienes que se pueden adquirir o transacciones no permitidas, entre otras. Este tercer y último informe del Senado cubre del 1 de enero de 2013 al 30 de noviembre de 2020. Una opinión cualificada y hallazgos de auditoría no equivalen a una condena penal.