Gobierno gasta más que la Junta en abogados de Título III

El 16 de agosto de 2018, el CPI reportó que, en los primeros 14 meses de los casos de Título III bajo PROMESA, el bando de contratistas del Gobierno de Ricardo Rosselló Nevares facturó casi $90 million — unos $25 million más que el equipo de abogados y consultores de la Junta de Control Fiscal. La duplicidad de trabajo (planes fiscales, presupuestos, infraestructura, P3 y reestructuración de deuda) ya superaba $220 million en poco más de un año; al menos $150 million atribuibles a esa doble capa, según el CPI. Eso ocurre mientras se cierran escuelas y faltan trabajadores sociales en el Departamento de la Familia, anota el reportaje.

Para la AEE, el Gobierno usa sobre todo Filsinger Energy, Ankura, Greenberg Traurig y O’Melveny (operación, privatización, reconstrucción post-María y revisión de Whitefish/Cobra). La Junta, en paralelo, trabaja con Citigroup, Proskauer Rose y McKinsey & Co. Más de una docena de firmas asesoran la misma corporación pública. O’Melveny’s John Rapisardi cobra $1,147.50 la hora; su contrato ya había rendido más de $2.6 million. Ankura — con exfuncionarios Fortuño — facturó más de $17 million en poco más de un año. La Junta expresó preocupación por el alcance y costo de Filsinger en la AEE, pero en la misma carta aprobó el contrato.

En un año, contratistas del Gobierno facturaron más de $2.2 million en transporte/hospedaje, ~$220,000 en comidas y ~$260,000 en fotocopias/investigación; los de la Junta, ~$260,000, ~$200,000 y ~$850,000 respectivamente. O’Melveny facturó más de $175,000 en “nonworking travel time”; contratistas de la Junta, más de $320,000 en ese renglón. La jueza Laura Taylor Swain, el examinador Brady Williamson y el congresista Rob Bishop ya habían señalado duplicidad y excesos reembolsables. Protocolo Junta: contratos sobre $10 million sujetos a revisión.

Facturación aprobada o contrato multimillonario no es robo adjudicado. Preocupación judicial o de la Junta no es sentencia. Esta nota no imputa delito.