Corrección adjudica a CoreCivic el traslado de confinados

El 7 de agosto de 2018, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) reportó que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) adjudicó el 31 de julio un contrato de más de $10 million a CoreCivic — la principal empresa carcelaria de EE.UU. — para el programa Out of State de traslado de confinados. La meta de la administración Rosselló: reubicar de forma escalonada, en cinco años, a 3,200 reclusos (30% de la población penal) en cárceles privadas del continente; primera fase ~1,200 hacia La Palma Correctional Center en Arizona, vía la aerolínea TransCor de CoreCivic.

El 30 de julio, la Junta de Subastas del DCR, con AAFAF presente, adjudicó a la única empresa que competía. En la propuesta de mayo, el per diem era $63–$67; AAFAF pidió bajarlo a $55–$59, pero el secretario Erik Rolón dijo al CPI que el contrato adjudicado mantuvo “más o menos el mismo per diem”. Por superar $10 million, el acuerdo requiere evaluación y aprobación de la Junta de Control Fiscal. Al cierre del reportaje, la Junta dijo no haber recibido aún la documentación; AAFAF dijo que la negociación no había culminado.

El programa no figura en el Plan Fiscal certificado; el plan sí recomienda cerrar nueve cárceles ante la caída de población. Organizaciones de derechos y más de 50 abogados firmaron oposición en abril. La Sociedad para Asistencia Legal cuestionó transparencia, voluntariedad, notificación a representación legal y servicios en destino. Auditorías de California (2015–2018) señalan “problemas críticos” de salud en La Palma. En el 4T 2017, CoreCivic reportó ingresos de $440.6 million.

Antecedente: bajo Fortuño — cuando Rolón era director de Asuntos Legales del DCR — un traslado con CoreCivic a Cimarron (Oklahoma) costó $10,410,847 sin ahorros demostrados; confinados regresaron tras un motín por servicios incumplidos. Adjudicación y umbral de revisión de la Junta no equivalen a desembolso ni a condena. Esta nota no imputa delito.