Justicia recomienda FEI para Ciary Perez Pena; hallazgo preliminar, no condena

El 10 de abril de 2026, a las 7:42 p.m., Primera Hora informa que el Departamento de Justicia refirió a la exsecretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, con la recomendación de que se designe un fiscal especial que determine si deben radicarse cargos criminales en su contra por las irregularidades detectadas en un negocio familiar de inspección de vehículos y venta de marbetes. La secretaria Lourdes L. Gómez Torres detalló que la determinación se adoptó tras culminar la investigación preliminar, realizada por la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor, DIPAC, que evaluó declaraciones juradas, documentos y otra evidencia, con entrevistas y requerimientos de información a diversas agencias. Justicia concluyó que existe «causa suficiente para creer» que Pérez Peña «pudo haber incurrido» en el delito de influencia indebida, tipificado en el Artículo 261 del Código Penal de Puerto Rico, y en posibles violaciones a la Ley de Ética Gubernamental. El propio Departamento reitera que la determinación se hace en una etapa preliminar y «no constituye una adjudicación final de responsabilidad penal». Referido no es condena. Recomendación de FEI no es acusación.

La investigación preliminar arrancó por un referido de los representantes Ramón Torres Cruz y Swanny Vargas Laureano sobre posibles irregularidades en centros de inspección de vehículos de motor y la alegada intervención de la entonces secretaria. Las imputaciones salieron a principios de febrero, cuando el exdirector de Investigaciones e Inspección del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Arturo Deliz Vélez, dijo que unos 68 centros de inspección supuestamente cobraron marbetes a ciudadanos sin remitir los fondos a Hacienda, a la Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles o a las aseguradoras, y dejaron conductores sin cobertura. Uno de esos centros era Yabucoa Auto Service, que hasta diciembre de 2025 aparecía a nombre de Pérez Peña. Deliz Vélez dijo que la multa es de 500 dólares por cada transacción fraudulenta y que en ese centro se detectaron 1,975 transacciones al momento de la investigación, para 987,500 dólares en multas; luego, en una transacción de la que el DTOP alega que no tiene rastro ni documentos, la multa bajó a 5,000 dólares. Esas cifras son de Deliz Vélez, no de un tribunal. Justicia, además, recomendó al DTOP revisar internamente sus procesos administrativos y referir a las autoridades si identifica posibles violaciones penales.

La gobernadora Jenniffer González Colón había defendido a la funcionaria: «Las imputaciones que se han hecho ninguna es a su rol (del Departamento de la) Vivienda», dijo el 25 de febrero. Ese mismo día Pérez Peña aseguró que no renunciaría. A mediados de marzo Justicia anunció una extensión de 90 días adicionales de la investigación. En el mismo periodo, según Primera Hora, hubo un enfrentamiento entre el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y la administración, luego de que el exsecretario de Justicia Antonio Sagardía hablara en defensa de Pérez Peña. La salida se anunció el 14 de marzo, efectiva el 16. En su carta de cuatro páginas, Pérez Peña renunció «con la cabeza en alto» y habló de «acusaciones falsas y malintencionadas» contra ella y su familia. Esta mesa deja esa frase en su boca. Quedan un referido a OPFEI, una causa suficiente en etapa preliminar y un no a la condena. El lector que quiera a Primera Hora este 10 tiene la URL al pie. No es reportaje original.

Fuente: Primera Hora. https://www.primerahora.com/noticias/gobierno-politica/notas/justicia-recomienda-un-fei-para-la-exsecretaria-de-la-vivienda-ciary-perez-pena/