Contralor DA-22-07: pagos indebidos en OGP sin contrato

La Oficina del Contralor de Puerto Rico publicó el 12 de enero de 2022 el Informe de Auditoría DA-22-07 sobre la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). Emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales ligadas a contratos de servicios profesionales y consultivos, y a la compra de combustible diésel: los incumplimientos son significativos, pero no generalizados.

De la muestra examinada, la Contraloría halló pagos indebidos sin mediar contrato. La OGP pagó $2,732,221 a una corporación privada por servicios de telecomunicaciones del 31 de marzo al 22 de mayo de 2018 sin contrato. Además, pagó $68,200 de arrendamiento a otra corporación privada para almacenar propiedad de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales entre 2017 y 2018, también sin contrato.

La auditoría —cuatro hallazgos— señala que la OGP pagó $64,450 a un contratista por encima del máximo fijado en el contrato y la enmienda de $580,000. Los servicios eran asistencia para implantar la metodología de Presupuesto Base Cero en todo el gobierno. Una situación similar ya se había comentado en el Informe DA-12-33 del 24 de octubre de 2011.

Los auditores determinaron falta de controles en la compra de combustible: ausencia de lista de personas autorizadas, de relación de vehículos oficiales de la OGP y de corroboración de firmas y números de licencia de conducir, entre otras. Esas fallas, contrarias a la reglamentación vigente, pudieron propiciar uso indebido de fondos públicos. Hallazgo de control no es pliego por hurto.

Contrario a la Ley 75-2019 (Puerto Rico Innovation and Technology Service), la OGP formalizó tres contratos de tecnología de información en 2019 sin evaluación ni recomendación de PRITS, lo que privó a esa oficina de revisar si alineaban con política pública o duplicaban costos. Tampoco remitió los informes exigidos por las Leyes 66-2014 y 3-2017 sobre la reducción de no menos del 10% del gasto anual en servicios comprados o profesionales en cada entidad de la Rama Ejecutiva. La Cámara certificó en 2019 haber recibido el 33% de los informes; el Senado, el 67%; la Oficina del Gobernador no tenía evidencia de ninguno a esa fecha.

El informe cubre del 1 de enero de 2015 al 28 de febrero de 2021. Opinión cualificada y pagos indebidos documentados no equivalen a condena penal ni a “robo” cuantificado fuera de lo que dice el comunicado de la Contraloría.