CPI: el esquema de la venta de pruebas COVID-19

El 28 de mayo de 2020, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) documentó un patrón repetido en las compras de pruebas rápidas de COVID-19: un frente local con conexiones al Partido Nuevo Progresista, intermediarios locales y extranjeros, y el Gobierno pagando sin ir directo al manufacturero. Tres de las principales transacciones —Castro Business, Apex General Contractors y 313 LLC— resultaron fallidas; solo una fue cancelada. En total, más de $40 million en fondos públicos movidos bajo la emergencia que flexibilizó compras.

Según el CPI, el Gobierno adquirió más de 1.1 million de pruebas rápidas a esos tres suplidores (bajo pesquisas de la Cámara y de autoridades locales y federales). Un cuarto, Maitland 175, entregó 200,000 pruebas a Salud —las únicas de anticuerpos que el Gobierno pudo usar en hospitales. De las 1.1 million compradas a los tres primeros, poco más de 10,000 llegaron finalmente a centros de salud para pacientes. Más de 100,000 pruebas fueron detenidas por autoridades de EE.UU., retrasando entregas.

En Apex, Juan Maldonado de Jesús ofreció un millón de pruebas por $38 million vía el Negociado de Manejo de Emergencias (NMEAD); intermediarios esperaban alrededor de $10 million en ganancias. El Departamento de Hacienda depositó $14.5 million como adelanto el 27 de marzo; el CPI también reporta una transferencia de unos $19 million detenida en un banco local antes de que el Gobierno cancelara y recuperara fondos. Castro Business vendió 50,000 pruebas a $13 cada una ($650,000); entregó una cuarta parte (luego retiradas del mercado) y el resto llegó tarde y de otra marca. 313 LLC litiga para forzar a Salud a recibir casi 50,000 pruebas tardías; el Gobierno exige renegociar el precio.

El esquema, dice el CPI, pasa por el Task force médico (Dr. Segundo Rodríguez Quilichini), enlaces en Fortaleza y supervisores de compras de emergencia. Investigación legislativa o cancelación de orden no equivalen a condena: esta nota no adjudica culpabilidad penal.

Pago adelantado no es robo adjudicado. Cancelar y recuperar un depósito no cierra, por sí solo, el resto de las órdenes fallidas.