Junta: el presupuesto certificado de $33.3 billion para el año fiscal 2025 exige disciplina para no volver al déficit

El 4 de septiembre de 2024, la Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico (Junta de Supervisión Fiscal) publica en su portal el comunicado Government Discipline Necessary for Balanced Budgets. El texto ancla un hecho concreto: el presupuesto certificado para el año fiscal 2025, que comenzó el 1 de julio de 2024, suma $33.3 billion y, según la Junta, continúa la práctica de los últimos ocho años de mantener el gasto dentro de los ingresos del gobierno de Puerto Rico.

La Junta recuerda que, durante los primeros 16 años de este siglo, el gobierno gastó más de lo que recaudó en impuestos, cargos y apoyo federal, y que esa trayectoria llevó a la quiebra. Contrasta ese pasado con los presupuestos certificados bajo PROMESA, que —dice— han mantenido el gasto dentro de los medios disponibles. El comunicado no habla de un fondo desaparecido: habla de un techo certificado y de la necesidad de que el gasto real se quede bajo ese techo todo el año.

El propio texto aclara notas metodológicas. Los valores del presupuesto citados son del presupuesto original certificado. Los ingresos del Fondo General excluyen fuentes de financiamiento. La baja del presupuesto de FY2017 se atribuye sobre todo a la eliminación del servicio de deuda. El comunicado también apunta que el gasto real de FY2016 no incluyó el pago completo del servicio de deuda, y que en FY2022 se usó efectivo acumulado de superávits previos para liquidar acuerdos del Plan de Ajuste. Esas notas importan porque distinguen entre lo certificado, lo ejecutado y lo financiado con saldo de años anteriores.

La Junta sostiene que el presupuesto de FY2025 incluye inversiones en salud, educación e infraestructura, y que añade provisiones nuevas para controlar el gasto fuera del proceso presupuestario durante el año. El mensaje central es que un presupuesto no basta con cuadrar al inicio: tiene que mantenerse balanceado al cierre. Si no, el gobierno termina otra vez en déficit, como ocurrió durante años antes de PROMESA.

Antes de que se certificara el presupuesto de este año fiscal, dice la Junta, la Asamblea Legislativa ya había aprobado proyectos de gasto que no estaban en el borrador acordado y sin estimar costos. Muchos, añade, pasaron sin evaluación previa del impacto fiscal. Según el comunicado, esos proyectos costarían a los contribuyentes casi $900 million solo en ese año fiscal, y al menos $6 billion en los próximos 20 años. Si se hubieran convertido en ley y se hubieran implementado, podrían haber empujado el presupuesto de nuevo al déficit.

Para explicar la disciplina, la Junta usa una analogía doméstica: planificar la renovación de una cocina implica preguntar costos, elegir electrodomésticos y confirmar que hay dinero; empezar a gastar sin ese control es como añadir un baño a la obra sin saber si se puede pagar. Por eso el presupuesto certificado incluye estipulaciones nuevas: la Legislatura y el Ejecutivo deben certificar que el dinero que gastan está disponible, y los proyectos de gasto deben cumplir con el Plan Fiscal de Puerto Rico.

La Junta insiste en que disciplina fiscal no es austeridad automática, sino manejo responsable de recursos. En FY2025, dice, se aumentó el presupuesto para inversiones en salud, seguridad pública, servicios sociales y educación superior, además de refuerzo al servicio civil por mérito y más fondos a municipios. El presupuesto, en esa lectura, fija prioridades para que haya dólares disponibles hoy y en años futuros.

El comunicado describe un proceso de la propia Junta para evaluar cambios presupuestarios a lo largo del año y verificar que haya fuentes suficientes. También menciona reportes financieros trimestrales que analizan la situación fiscal y riesgos de proyecciones multi-anuales basadas en leyes y servicios vigentes. Aun así, dice, el gobierno debe construir sistemas permanentes de gestión financiera.

El Plan Fiscal, según la Junta, define ocho áreas de foco: mejores pronósticos de ingresos; buenas prácticas de presupuesto (compras, administración de ingresos, desempeño); un programa integral de capital; mejor manejo de recursos educativos; mejora de servicios y relaciones laborales; gasto de salud controlado y basado en resultados; reportes financieros transparentes; y gestión fiscal municipal optimizada, con incentivos ligados a desempeño en servicios clave como permisos.

Para esta mesa, el ancla es el comunicado institucional del 4 de septiembre de 2024 en oversightboard.pr.gov. Lo que queda claro en la primaria es la cifra consolidada de $33.3 billion para FY2025, la advertencia sobre casi $900 million en un año y al menos $6 billion a 20 años por legislación fuera del marco, y la regla de que certificado no es lo mismo que ejecutado: la disciplina se mide al final del año, no solo el día de la certificación. No hay aquí un relato de robo; hay un marco de allocated/certified versus gasto que puede empujar otra vez al déficit si se sale del proceso.

Quien quiera verificar los números y el tono debe abrir la URL primaria de la Junta. Las cifras de $33.3 billion, $900 million y $6 billion salen del propio comunicado; esta nota no inventa partidas ni las mezcla con otros fondos federales. El seguimiento natural es contrastar este marco de FY2025 con presupuestos certificados posteriores y con las cartas de reaptos que la Junta publica en su repositorio de documentos presupuestarios.