OIG: FEMA no maximizó contratos anticipados en Puerto Rico tras María

El 23 de marzo de 2020, esta mesa ancla en el informe final del Office of Inspector General del Department of Homeland Security (DHS OIG), report number OIG-20-20, titulado FEMA’s Advance Contract Strategy for Disasters in Puerto Rico. Primaria: el PDF institucional https://www.oig.dhs.gov/sites/default/files/assets/2020-03/OIG-20-20-Mar20.pdf. Distinta del audit STEP/Tu Hogar Renace (OIG-22-25) ya archivado y de otros OIG de case management. Hallazgo de contracting strategy ≠ obligación Public Assistance a un solo project worksheet ≠ desembolso a dueños ≠ tipificación de hurto.

El marco legal que cita el OIG es el Post-Katrina Emergency Management Reform Act of 2006, que exige a FEMA maximizar el uso de advance contracts —contratos negociados de antemano para bienes y servicios recurrentes en emergencias— cuando sea práctico y costo-efectivo. Tras el huracán María (declaración de emergencia 18 sep 2017; landfall 20 sep 2017), FEMA Region II / Joint Field Office no maximizó esos vehículos. El OIG identificó 49 de 241 contratos nuevos post-desastre para los mismos bienes o servicios ya cubiertos por advance contracts existentes. Region II no emitió advance contracts nuevos antes de María ni hizo análisis formal de gaps de capacidad.

Dinero que documenta la primaria: según FEMA, al 31 de enero de 2019 había gastado más de $1 billion en la respuesta a María en Puerto Rico, con más de $550 million gastados vía advance contracts. Ese $1 billion es gasto de respuesta reportado por la agencia —no un federalObligatedAmount de un solo PW de OpenFEMA, no un award CDBG-DR de Vivienda, y no una prueba de que el dinero “desapareció”. Spent on response ≠ allocated CDBG; advance-contract spend ≠ theft.

Hallazgos concretos de uso limitado: Region II/JFO adjudicó, por ejemplo, un contrato post-desastre de cleaning supplies aunque existía advance contract; también adjudicó housing/lodging assistance nuevos en vez de usar el advance contract vigente. De 10 contracting officers entrevistados sobre 44 de los 49 contratos (90%), solo 4 tenían documentación que justificara no usar el advance contract; en 40 no hubo papel. Oficiales invocaron el Stafford Act (preferencia local) y un memo FEMA de julio 2010 sobre vendors locales, pero el OIG aclara que Stafford no prohíbe advance contracts locales y que el memo habla de transición en 6 meses cuando sea feasible.

Sobre estrategia: FEMA reportó al Congreso en diciembre 2007 que tenía advance contracting strategy; el OIG concluyó que fue un ejercicio one-time (lista de bienes/servicios FY2007) que no cumple el intent del Post-Katrina Act. Faltaba proceso documentado de planning, input de state/local, y performance goals medibles (GPRA Modernization Act). Region II contracting officers dijeron no sabían que las regiones podían emitir advance contracts —creían que solo headquarters. Otro regional office sí lo había hecho.

Segundo bloque: contract file management. FAR Part 4.800 / HSAM / SOP FEMA exigen files oficiales. El OIG pidió 133 task orders asociados a 9 advance contract files; FEMA produjo acceso a 18 (4 hardcopy HQ + 14 electronic Region II) y no produjo 115. HQ no tenía los 99 files que debían estar en central file room; Region II tampoco produjo 16 hardcopy. Causa: falta de controles de OCPO; un CO de Region II dijo que imprimen hardcopy “as needed” por falta de espacio.

Cuatro recomendaciones (todas open/unresolved al cierre porque las corrective actions de FEMA no cumplían el intent): (1) Region II Administrator — proceso formal para identificar capability needs/gaps para advance contracts en PR; (2) Head of Contracting Activity — strategy con planning process, awards regionales, guidance Stafford vs Post-Katrina, input local, performance measures; (3) dirigir personal a seguir FAR/HSAM/SOP de files; (4) implementar controles de cumplimiento. FEMA concurrió en las cuatro, pero el OIG mantuvo unresolved.

Marco de lectura para el 23 de marzo de 2020. Si la pregunta es «¿qué documentó el DHS OIG sobre advance contracts tras María?», la ancla es: 49/241 contratos post-desastre redundantes; >$1 billion spent on response y >$550 million vía advance contracts al 31 ene 2019; estrategia 2007 insuficiente; files incompletos. Si la pregunta es «¿cuánto se robó?», el informe habla de delays, costo potencial mayor y stewardship —no tipifica hurto. Cost ≠ allocated ≠ obligated ≠ disbursed ≠ theft. Cousin: 989.

Disciplina del archivo: no convertir $1 billion de gasto de respuesta en “fondos robados”; no fusionar advance contracts con CDBG-DR ni con HMGP; no inventar acusaciones penales. Peg 23 mar 2020. SSD only, sin GitHub.

Fuente: DHS Office of Inspector General — OIG-20-20 (Mar. 23, 2020). https://www.oig.dhs.gov/sites/default/files/assets/2020-03/OIG-20-20-Mar20.pdf