OIG: FEMA no maximizó contratos anticipados en Puerto Rico tras María

El 23 de marzo de 2020, el informe final del Office of Inspector General del Department of Homeland Security, OIG-20-20, examinó la estrategia de FEMA para contratos anticipados en desastres en Puerto Rico. La fuente principal es el PDF institucional: https://www.oig.dhs.gov/sites/default/files/assets/2020-03/OIG-20-20-Mar20.pdf. El informe trata la estrategia de contratación y no convierte una obligación de asistencia pública en un pago a un propietario ni en una acusación de hurto.

El marco legal citado es el Post-Katrina Emergency Management Reform Act of 2006, que exige a FEMA maximizar el uso de contratos anticipados —acuerdos negociados de antemano para bienes y servicios recurrentes durante emergencias— cuando sea práctico y costo-efectivo. Tras el huracán María, cuya declaración de emergencia fue del 18 de septiembre de 2017 y cuyo impacto ocurrió el 20 de septiembre, FEMA Region II y la oficina conjunta de campo no maximizaron esos vehículos. El OIG identificó 49 de 241 contratos nuevos posteriores al desastre para los mismos bienes o servicios que ya cubrían contratos anticipados existentes. Region II no emitió nuevos contratos anticipados antes de María ni hizo un análisis formal de brechas de capacidad.

Según FEMA, al 31 de enero de 2019 la agencia había gastado más de $1 billion en la respuesta a María en Puerto Rico, incluidos más de $550 million mediante contratos anticipados. La cifra de $1 billion es gasto de respuesta reportado por la agencia. No es el monto federal obligado de una sola hoja de proyecto de OpenFEMA, no es una adjudicación CDBG-DR de Vivienda y no prueba que el dinero haya desaparecido. El gasto de contratos anticipados tampoco equivale a un robo.

Entre los usos que el OIG consideró limitados, Region II y la oficina conjunta de campo adjudicaron un contrato posterior al desastre para suministros de limpieza aunque existía un contrato anticipado. También adjudicaron nueva asistencia de vivienda y alojamiento en vez de usar el contrato anticipado vigente. De 10 oficiales de contratación entrevistados sobre 44 de los 49 contratos, el 90 por ciento, solo cuatro tenían documentación que justificara no usar el contrato anticipado; en 40 expedientes no había ese papel.

Los oficiales invocaron el Stafford Act, que favorece proveedores locales, y un memorando de FEMA de julio de 2010 sobre proveedores locales. El OIG aclaró que el Stafford Act no prohíbe contratos anticipados locales y que el memorando se refiere a una transición en seis meses cuando sea viable. El hallazgo se refiere a la documentación y a la estrategia de contratación, no a una conclusión penal.

FEMA informó al Congreso en diciembre de 2007 que tenía una estrategia de contratación anticipada. El OIG concluyó que se trataba de un ejercicio único, basado en una lista de bienes y servicios del año fiscal 2007, que no cumplía la intención de la ley Post-Katrina. Faltaban un proceso documentado de planificación, participación estatal y local y objetivos de desempeño medibles bajo el GPRA Modernization Act. Oficiales de contratación de Region II dijeron que no sabían que las regiones podían emitir contratos anticipados y creían que esa facultad correspondía solo a la sede; otra oficina regional sí lo había hecho.

El segundo bloque del informe trata la gestión de expedientes contractuales. FAR Part 4.800, HSAM y los procedimientos de FEMA exigen archivos oficiales. El OIG solicitó 133 órdenes de trabajo asociadas con nueve archivos de contratos anticipados. FEMA dio acceso a 18 —cuatro copias físicas de la sede y 14 archivos electrónicos de Region II— y no produjo 115. La sede no tenía los 99 archivos que debían estar en la sala central y Region II tampoco produjo 16 copias físicas. La causa señalada fue la falta de controles de la oficina responsable; un oficial de Region II dijo que imprimían copias físicas solo cuando las necesitaban por falta de espacio.

El informe formuló cuatro recomendaciones, todas abiertas o no resueltas al cierre porque las medidas correctivas de FEMA no cumplían la intención. La primera pedía a Region II un proceso formal para identificar necesidades y brechas de capacidad de contratos anticipados en Puerto Rico. La segunda pedía a la autoridad de contratación una estrategia con planificación, adjudicaciones regionales, orientación sobre Stafford Act y Post-Katrina, participación local y métricas de desempeño. La tercera pedía dirigir al personal para seguir FAR, HSAM y los procedimientos de archivo. La cuarta pedía controles de cumplimiento. FEMA estuvo de acuerdo con las cuatro, pero el OIG las mantuvo sin resolver.

La lectura del 23 de marzo de 2020 es concreta: 49 de 241 contratos posteriores al desastre eran redundantes; FEMA reportó más de $1 billion de gasto de respuesta y más de $550 million por contratos anticipados al 31 de enero de 2019; la estrategia de 2007 era insuficiente y faltaban expedientes. El informe habla de demoras, posible costo mayor y administración responsable de fondos; no tipifica hurto. No se deben fusionar los contratos anticipados con CDBG-DR ni con HMGP, ni convertir gasto de respuesta en fondos robados.

El documento institucional conserva la diferencia entre gasto, asignación, obligación y desembolso. La cifra de respuesta de FEMA no identifica por sí sola un proyecto, un beneficiario o un pago individual. El expediente relacionado es el 989.

Fuente: DHS Office of Inspector General, OIG-20-20, 23 de marzo de 2020. https://www.oig.dhs.gov/sites/default/files/assets/2020-03/OIG-20-20-Mar20.pdf