OCPR reporta $2.317 million por cobrar en la Administración de Terrenos

El 23 de junio de 2026, esta mesa ancla en el Informe de Auditoría OC-26-42 de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) sobre la Administración de Terrenos de Puerto Rico (Unidad 3045 — Auditoría 15634), disponible en el visor institucional (https://iapconsulta.ocpr.gov.pr/OpenDoc.aspx?id=d43a4321-3cb5-4e87-8685-9ae98063ada6&nombre=OC-26-42). El documento lleva fecha de informe 11 de junio de 2026; el peg de esta nota es el 23 de junio de 2026 sobre esa primaria pública. Primaria: el PDF de OC-26-42 —no un project worksheet de FEMA, no un Action Plan de CDBG-DR, no un Obligation Report de OpenFEMA—. Asignado ≠ obligado ≠ desembolsado ≠ hurto. Cuenta por cobrar ≠ desembolso. Write-off contable ≠ tipificación de hurto. Opinión de auditoría ≠ sentencia penal.

El Área de Fiscalización de Infraestructura y Desarrollo Sostenible realizó una auditoría de cumplimiento. El período auditado cubre del 1 de julio de 2018 al 15 de marzo de 2024 (en algunos aspectos se examinaron documentos de fechas anteriores y posteriores). La opinión es cualificada: las operaciones objeto del informe se realizaron, en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicable, excepto por los hallazgos 1 y 2. Opinión cualificada ≠ narrativa de saqueo; excepción por hallazgo de control ≠ desaparición de un pot federal.

El Hallazgo 1 —deficiencias en el control y la administración de las cuentas por cobrar— es el eje monetario del informe. La Administración puede usar su inventario de bienes inmuebles para arrendamientos a corto o largo plazo y para desarrollos públicos o privados. La Oficina de Desarrollo y Administración de Propiedades procesa solicitudes de arrendamiento; el Comité de Arrendamiento recomienda el canon (entre un 5 % y 8 % del valor en libros o de mercado); el director ejecutivo aprueba. El Reglamento 8499 de 2014 asigna a la Oficina de Presupuesto y Finanzas el control de las cuentas por cobrar, gestiones de cobro, análisis trimestral e informe por categoría, y remisión de cuentas estimadas incobrables al Comité de Cuentas por Cobrar. Proceso de cobro descrito ≠ wire de recuperación; reglamento interno ≠ award FEMA.

Al 30 de junio de 2023, la Administración tenía 144 cuentas por cobrar por $2,317,171 ($2.317 million) por concepto de arrendamiento de propiedades. De estas, 109 por $2,005,984 ($2.006 million) tenían atrasos de más de 90 días, lo que representa el 87 % del total adeudado a esa fecha. Ese $2.317 million es el saldo de cuentas por cobrar (dinero que terceros adeudan a la Administración por arrendamientos) —no un monto desembolsado por la agencia, no un federalObligatedAmount y no una prueba de hurto. Accounts receivable ≠ disbursement; mora ≠ tipificación penal.

El examen de OCPR reveló, entre otras cosas, que la Oficina de Presupuesto y Finanzas no realizaba gestiones de cobro efectivas, no analizaba trimestralmente la morosidad ni preparaba el informe por categoría, y no preparaba trimestralmente la relación de cuentas estimadas incobrables para el Comité. El director no documentaba la determinación de las cuentas a las que se realizarían gestiones especiales. Se examinaron expedientes de 16 cuentas por $1,405,260; de estas, 15 por $1,224,256 tenían atrasos en exceso de 90 días. Las gestiones de cobro fueron insuficientes o inadecuadas porque se limitaron al envío de algunas cartas, sin evidencia de seguimiento adicional. Falla de cobro ≠ desembolso; carta sin seguimiento ≠ convicción.

Del 30 de junio al 1 de noviembre de 2023, la Administración eliminó de los registros de contabilidad ocho (8) cuentas de arrendamientos por $1,057,987 ($1.058 million) mediante el mecanismo de write-off. Para cuatro cuentas por $495,235, eliminadas entre el 30 de junio y el 26 de octubre de 2023, las gestiones de cobro fueron mínimas o ninguna; al 14 de junio de 2024, los arrendatarios continuaban ocupando las propiedades a pesar de que las cuentas fueron declaradas incobrables y se eliminaron de los registros. El detalle publicado incluye: entidad A, $285,235 (eliminada 26 oct 2023); B, $39,000 (12 oct 2023); C, $14,571 (30 jun 2023); D, $156,429 (26 oct 2023). Write-off contable ≠ “robo confirmado”; ocupación tras write-off ≠ cash federal perdido; eliminación de libros ≠ desembolso.

Para dos cuentas por $261,117, no se realizaron gestiones de cobro posteriores a sentencias del Tribunal a favor de la Administración ($237,729 el 27 de noviembre de 2017 y $23,389 el 9 de octubre de 2018); esas deudas se eliminaron el 30 de junio y el 26 de octubre de 2023. Una cuenta por $221,836 se eliminó el 26 de octubre de 2023 por recomendación del Comité, a pesar de que al 20 de junio de 2024 la Administración tenía un caso activo en el Tribunal por cobro de dinero (demanda del 29 de mayo de 2018). Para dos cuentas por $77,917, no se habían recibido pagos ni gestiones posteriores a sentencias ($36,843 el 16 de abril de 2018 y $41,074 el 18 de diciembre de 2020). Al 29 de mayo de 2024, una cuenta por $64,341 no tenía gestiones de cobro en los últimos siete años (última gestión: 6 de febrero de 2017), pese a plan de pago incumplido y pagos esporádicos. Sentencia a favor ≠ cobro efectivo; falta de gestión post-sentencia ≠ tipificación de hurto en este informe.

Efectos que el informe atribuye: la Administración no pudo mantener un control adecuado sobre las cuentas por cobrar ni realizar gestiones oportunas y efectivas, lo que propicia la acumulación y el envejecimiento de deudas hasta considerarlas incobrables. La falta de controles y gestiones adecuadas llevó a la eliminación de los registros de $978,188 en cuentas por cobrar, lo que afecta las finanzas y podría afectar la estabilidad de la entidad. Ese $978,188 es el efecto contable de write-offs ligado al apartado de cuentas examinadas —no un “stolen amount” de fondos de recuperación federal. Write-off ≠ disbursed; afectación financiera ≠ acusación penal.

El Hallazgo 2 cubre otro asunto: de julio de 2018 a junio de 2022 se remitieron 48 informes mensuales del Registro de Puestos a OCPR; ocho (8) (17 %), de junio de 2019 a marzo de 2022, llegaron con tardanzas de cuatro a 114 días consecutivos posteriores a la fecha establecida. Ese hallazgo es de puntualidad informativa sobre nómina y puestos —no un monto de dinero movido. Informe tardío ≠ desembolso; Registro de Puestos ≠ ledger de hurto.

Contexto institucional que el propio informe aporta: la Administración se nutre exclusivamente de los ingresos que genera (arrendamiento y venta de inmuebles) y no depende de asignaciones del Fondo General. Del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2023, generó ingresos por $81,678,945 ($81.679 million) y realizó desembolsos por $53,036,825 ($53.037 million), con sobrante de $28,642,120 ($28.642 million). Aquí “desembolsos” son gastos operativos de la entidad autofinanciada —no hay que confundirlos con el $2.317 million de cuentas por cobrar ni con obligaciones FEMA. Ingreso propio ≠ grant CDBG-DR; desembolso operativo ≠ AR; sobrante ≠ pot de recuperación robado.

Recomendaciones: a la Junta de Gobierno, velar por que el director ejecutivo cumpla las recomendaciones 2 y 3; al director ejecutivo, asegurar análisis trimestral y gestiones de cobro documentadas (Hallazgo 1) y remisión a tiempo de los informes del Registro de Puestos (Hallazgo 2). Comentarios del expresidente de la Junta (Manuel Cidre Miranda) defienden que la Junta autorizó write-offs conforme al Reglamento 8499 tras documentación y recomendación de la directora ejecutiva; el entonces presidente, el entonces director ejecutivo y la ex directora ejecutiva no contestaron el borrador, según el informe. Comentario de gerencia ≠ anulación del hallazgo.

Marco de lectura para el 23 de junio de 2026. Si la pregunta es «¿qué dice OC-26-42 sobre la Administración de Terrenos?», la respuesta anclada es: opinión cualificada (período 1 jul 2018 – 15 mar 2024); Hallazgo 1 sobre control de cuentas por cobrar —144 cuentas / $2.317 million al 30 jun 2023, 87 % con más de 90 días; muestra de 16 cuentas; write-offs de ocho cuentas por $1.058 million y efecto de $978,188 eliminados de registros; Hallazgo 2 sobre ocho informes de puestos tardíos (hasta 114 días); entidad autofinanciada con $81.679 million de ingresos y $53.037 million de desembolsos operativos en FY2019–FY2023. Si la pregunta es «¿cuánto se desembolsó de recuperación?», esta primaria no contesta ese marco FEMA/CDBG. Si la pregunta es «¿cuánto se robó?», el informe no tipifica hurto: describe cuentas por cobrar mal cobradas y write-offs. AR ≠ allocated ≠ obligated ≠ disbursed ≠ theft. Primaria: OC-26-42. Cousin: 963 (OCPR OC-26-17 COR3 / adelantos de capital).

Disciplina del archivo: no convertir $2.317 million de accounts receivable en “fondos robados”; no tratar write-off de $1.058 million o efecto de $978,188 como desembolso federal; no fusionar desembolsos operativos de $53.037 million con el saldo de AR; no inventar acusaciones penales que el PDF no hace. Peg 23 jun 2026 sobre OC-26-42 (informe 11 jun 2026). SSD only, sin GitHub.

Fuente: Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) — Informe de Auditoría OC-26-42 (Administración de Terrenos). https://iapconsulta.ocpr.gov.pr/OpenDoc.aspx?id=d43a4321-3cb5-4e87-8685-9ae98063ada6&nombre=OC-26-42