OCPR reporta $2.317 million por cobrar en la Administración de Terrenos

El 23 de junio de 2026, esta nota informa sobre el Informe de Auditoría OC-26-42 de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), relativo a la Administración de Terrenos de Puerto Rico (Unidad 3045, Auditoría 15634). El documento tiene fecha de informe del 11 de junio de 2026 y está disponible en el visor institucional: https://iapconsulta.ocpr.gov.pr/OpenDoc.aspx?id=d43a4321-3cb5-4e87-8685-9ae98063ada6&nombre=OC-26-42. La fuente principal es el PDF de OC-26-42. No es un informe de obligaciones de FEMA, un plan de acción de CDBG-DR ni una relación de pagos federales. Una cuenta por cobrar representa dinero que un arrendatario adeuda; no representa por sí sola dinero desembolsado ni una acusación de hurto.

El Área de Fiscalización de Infraestructura y Desarrollo Sostenible realizó una auditoría de cumplimiento. El período examinado cubrió del 1 de julio de 2018 al 15 de marzo de 2024, aunque algunos documentos revisados corresponden a fechas anteriores o posteriores. La opinión fue cualificada: las operaciones examinadas cumplieron en los aspectos significativos con la ley y los reglamentos aplicables, salvo por los asuntos descritos en los hallazgos 1 y 2. Una opinión cualificada identifica excepciones de control y no equivale a una determinación penal.

El Hallazgo 1 trata sobre el control y la administración de las cuentas por cobrar. La Administración usa su inventario de bienes inmuebles para arrendamientos a corto y largo plazo y para desarrollos públicos o privados. La Oficina de Desarrollo y Administración de Propiedades recibe solicitudes de arrendamiento; el Comité de Arrendamiento recomienda el canon, generalmente entre 5 % y 8 % del valor en libros o del valor de mercado, y el director ejecutivo aprueba. El Reglamento 8499 de 2014 asigna a la Oficina de Presupuesto y Finanzas el control de las cuentas, las gestiones de cobro, el análisis trimestral y los informes por categoría. También contempla remitir al Comité de Cuentas por Cobrar las cuentas que se estimen incobrables.

Al 30 de junio de 2023, la Administración registraba 144 cuentas por cobrar por $2,317,171, equivalentes a $2.317 million, por arrendamientos de propiedades. De ese total, 109 cuentas acumulaban atrasos de más de 90 días y sumaban $2,005,984, o $2.006 million. Ese grupo representaba el 87 % del dinero adeudado en esa fecha. El saldo de $2.317 million es una obligación de terceros frente a la Administración. No es un desembolso de la agencia, no es un monto federal obligado y no es evidencia, por sí solo, de apropiación ilegal.

El examen encontró que la Oficina de Presupuesto y Finanzas no hacía gestiones de cobro efectivas, no analizaba la morosidad cada trimestre ni preparaba el informe por categoría. Tampoco preparaba a tiempo la relación de cuentas estimadas incobrables para el Comité. El director no documentaba qué cuentas requerían gestiones especiales. Los auditores revisaron expedientes de 16 cuentas por $1,405,260; 15 de ellas, por $1,224,256, tenían atrasos superiores a 90 días. En varios casos, el esfuerzo se limitó al envío de algunas cartas y no hubo evidencia de seguimiento adicional. Una carta sin seguimiento muestra una debilidad administrativa; no demuestra que hubiera un desembolso irregular ni establece responsabilidad penal.

Entre el 30 de junio y el 1 de noviembre de 2023, la Administración eliminó de sus registros contables ocho cuentas de arrendamiento por $1,057,987, o $1.058 million, mediante el mecanismo de cancelación contable conocido como write-off. En cuatro cuentas que sumaban $495,235, canceladas entre el 30 de junio y el 26 de octubre de 2023, hubo gestiones mínimas o ninguna. Al 14 de junio de 2024, los arrendatarios todavía ocupaban las propiedades, aunque las cuentas ya habían sido declaradas incobrables y retiradas de los libros. El detalle publicado incluye una cuenta de $285,235 retirada el 26 de octubre de 2023; otra de $39,000 retirada el 12 de octubre; otra de $14,571 retirada el 30 de junio; y otra de $156,429 retirada el 26 de octubre.

Una cancelación contable reduce o elimina un saldo de los libros; no convierte automáticamente ese saldo en dinero robado. La permanencia de un arrendatario en una propiedad tampoco prueba que se haya perdido dinero federal. El informe describe fallas en los controles y en el cobro, pero no presenta una tipificación de hurto en esos términos.

En otras dos cuentas, que sumaban $261,117, no hubo gestiones de cobro posteriores a sentencias favorables a la Administración. Esas sentencias ordenaron pagos de $237,729 el 27 de noviembre de 2017 y de $23,389 el 9 de octubre de 2018; las cuentas se eliminaron el 30 de junio y el 26 de octubre de 2023. Además, una cuenta de $221,836 se eliminó el 26 de octubre de 2023 por recomendación del Comité, aunque al 20 de junio de 2024 seguía activo un caso judicial de cobro de dinero presentado el 29 de mayo de 2018.

Para otras dos cuentas por $77,917, no se habían recibido pagos ni se habían documentado gestiones posteriores a sentencias de $36,843, emitida el 16 de abril de 2018, y $41,074, emitida el 18 de diciembre de 2020. Al 29 de mayo de 2024, una cuenta de $64,341 no mostraba gestiones de cobro durante los siete años anteriores. La última gestión registrada era del 6 de febrero de 2017, pese a un plan de pago incumplido y pagos esporádicos. Una sentencia favorable no garantiza el cobro efectivo, pero la falta de seguimiento descrita en el informe tampoco equivale automáticamente a una condena por hurto.

Según OCPR, las deficiencias impidieron mantener un control adecuado y hacer gestiones oportunas. Eso favoreció que las deudas se acumularan y envejecieran hasta considerarse incobrables. El informe atribuye a esa falta de controles la eliminación de $978,188 en cuentas por cobrar, con un posible efecto sobre las finanzas y la estabilidad de la entidad. Los $978,188 son un efecto contable relacionado con las cuentas examinadas. No son una tabla de fondos federales desembolsados ni un cálculo de dinero robado.

El Hallazgo 2 es distinto. Entre julio de 2018 y junio de 2022 se enviaron a OCPR 48 informes mensuales del Registro de Puestos. Ocho informes, equivalentes al 17 %, llegaron tarde entre junio de 2019 y marzo de 2022. Las demoras fueron de cuatro a 114 días consecutivos después de la fecha establecida. Se trata de un problema de puntualidad en información sobre nómina y puestos; no describe un movimiento de dinero.

El informe también explica que la Administración se sostiene exclusivamente con los ingresos que genera mediante arrendamientos y ventas de inmuebles y que no depende de asignaciones del Fondo General. Del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2023, obtuvo ingresos por $81,678,945, o $81.679 million, y registró desembolsos por $53,036,825, o $53.037 million. El sobrante fue de $28,642,120, equivalente a $28.642 million. Esos desembolsos son gastos operativos de una entidad autofinanciada. No deben mezclarse con el saldo de cuentas por cobrar de $2.317 million ni con una obligación de FEMA.

OCPR recomendó a la Junta de Gobierno vigilar que el director ejecutivo cumpla las recomendaciones 2 y 3. También recomendó al director ejecutivo asegurar el análisis trimestral, documentar las gestiones de cobro y enviar a tiempo los informes del Registro de Puestos. Los comentarios del expresidente de la Junta, Manuel Cidre Miranda, sostuvieron que la Junta autorizó las cancelaciones conforme al Reglamento 8499, luego de recibir documentación y la recomendación de la directora ejecutiva. El informe indica que el entonces presidente, el entonces director ejecutivo y la exdirectora ejecutiva no respondieron el borrador. Los comentarios gerenciales forman parte del expediente, pero no eliminan los hallazgos.

La lectura correcta para el 23 de junio de 2026 es esta: OC-26-42 emitió una opinión cualificada para el período auditado; el Hallazgo 1 documentó 144 cuentas por cobrar por $2.317 million al 30 de junio de 2023, con 87 % atrasado más de 90 días; se revisó una muestra de 16 cuentas; se retiraron ocho cuentas por $1.058 million y se identificó un efecto contable de $978,188; y el Hallazgo 2 señaló ocho informes de puestos tardíos, con demoras de hasta 114 días. La entidad tuvo $81.679 million en ingresos y $53.037 million en gastos desembolsados durante el período fiscal indicado. Si la pregunta es cuánto se desembolsó en recuperación federal, este informe no responde ese marco. Si la pregunta es cuánto se robó, el documento describe problemas de cobro y controles, pero no establece por sí solo un delito de hurto.

La nota no debe transformar las cuentas por cobrar en fondos robados, presentar el write-off de $1.058 million o el efecto de $978,188 como dinero federal desembolsado, ni confundir los $53.037 million de gastos operativos con el saldo de arrendamientos. El primo relacionado es el 963, sobre un informe de OCPR de COR3 y adelantos de capital.

Fuente: Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), Informe de Auditoría OC-26-42 sobre la Administración de Terrenos. https://iapconsulta.ocpr.gov.pr/OpenDoc.aspx?id=d43a4321-3cb5-4e87-8685-9ae98063ada6&nombre=OC-26-42