Junta certifica el presupuesto consolidado del año fiscal 2027 en $33.6 billion

El 29 de junio de 2026, la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico anunció que certificó el presupuesto consolidado de $33.6 billion del año fiscal 2027 para el Gobierno de Puerto Rico, conforme con el Plan Fiscal. El presupuesto para el año fiscal que comienza el 1 de julio de 2026 es, según el comunicado, el segundo presupuesto consecutivo elaborado conjuntamente por la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón, la Asamblea Legislativa y la Junta. Esta nota del lote del 17 de septiembre de 2026 relee ese primary en español —sin fingir un anuncio nuevo del 17— porque el marco de gasto certificado sigue gobernando el año fiscal en curso y porque el propio texto advierte riesgos que no se agotan en junio.

El director ejecutivo Robert F. Mujica, Jr. afirmó que el presupuesto del año fiscal 2027 supone otro paso hacia el mandato de responsabilidad fiscal de PROMESA, “pero es solo un paso”. Pidió transformar el proceso presupuestario para que Puerto Rico conserve la estabilidad lograda al amparo de PROMESA; que el modelo de liderazgo conjunto encamine a que el Gobierno asuma plena responsabilidad sin dependencia continua de la Junta para mantener el equilibrio; que se continúe elaborando el presupuesto de capital; que las reservas se conserven y fortalezcan; que la contabilidad se refuerce sustancialmente; que todas las asignaciones, incluyendo fondos federales, las apruebe la Legislatura y no solo el Fondo General; y que las agencias sean más fiscalmente responsables y eficientes. “El Gobierno deberá asumir el liderazgo de todas estas iniciativas”, subrayó Mujica, “solo así podremos garantizar que Puerto Rico no recaiga en la quiebra”.

El comunicado desglosa el consolidado: Fondo General de $13.2 billion; Fondo de Ingresos Especiales de $5.5 billion; Fondo Federal de $14.9 billion. El gasto total de $33.6 billion permanece prácticamente inalterado respecto al presupuesto del año anterior, lo que refleja —dice la Junta— la desaceleración de los recaudos contributivos y la incertidumbre sobre ingresos futuros. Ese $33.6 billion es presupuesto certificado, no un total desembolsado al público ni un inventario de hurto. Obligado no es desembolsado; presupuestado no es cobrado; federal no es automáticamente gastado en la calle. Quien cite las cifras debe etiquetarlas como asignaciones del consolidado certificado el 29 de junio de 2026.

Más de dos tercios de los gastos presupuestados se destinan a salud, educación, seguridad pública, vivienda y pensiones gubernamentales. El presupuesto incluye fondos para inversiones en infraestructura, como reparación de carreteras, y para mejorar servicios de cuidados a personas mayores y adultos con discapacidad, así como cuido infantil. El Gobierno decidió reducir gasto en ciertas áreas, en particular nómina y gastos de operación en algunas agencias, para destinar fondos adicionales a áreas prioritarias, entre ellas un aumento salarial a miembros de la policía y oficiales correccionales. El comunicado también prepara al Gobierno para la continuada pérdida de financiamiento federal y el aumento en costos de Medicaid asociados al alza en contratos con proveedores de servicios de salud.

Dos áreas siguen planteando riesgos fiscales significativos: el programa Medicaid y el Departamento de Educación. Puerto Rico sigue sujeto a una asignación estatutaria máxima de fondos federales de Medicaid; cualquier gasto que supere ese límite deberá financiarlo el Gobierno en su totalidad. Las negociaciones de contratos con las Organizaciones de Cuidado Coordinado aún no se habían incorporado al presupuesto aprobado. Se añadió una cláusula de control en la resolución del presupuesto del año fiscal 2027 que exige a la Administración de Seguros de Salud presentar cualquier cambio propuesto en beneficios o servicios de Medicaid ante la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Junta, para evaluar el impacto fiscal antes de implementarlo. En Educación, el vencimiento de fondos federales de alivio por la pandemia, el gasto excesivo persistente en ciertos programas y deficiencias prolongadas en planificación presupuestaria aumentan el riesgo; la dependencia de recursos no recurrentes para obligaciones recurrentes, incluidos fondos de educación especial, eleva la probabilidad de insuficiencias a mediados de año.

Sobre contabilidad, el Gobierno ha logrado progreso en la adopción de estándares de acumulación modificada que exige PROMESA. La Junta y el Gobierno acordaron directrices aplicables a la elaboración de presupuestos conforme a esos estándares; la Junta seguirá evaluando la implementación en los presupuestos de los años fiscales 2027 y 2026, así como la documentación de apoyo. Los presupuestos se han equilibrado a base del sistema de recibido y pagado (“cash basis”) desde que la Junta comenzó a certificarlos. Sin embargo, la presentación oportuna de estados financieros auditados sigue siendo esencial para restablecer el acceso a los mercados de capital —fin principal de PROMESA y condición para la disolución de la Junta—. Los estados financieros auditados más recientes que el Gobierno completó corresponden al año fiscal 2022, lo que refleja un retraso considerable.