Senado confirma a Julie Gomez; quedan sin precisar 122 million retroactivos

El 24 de agosto de 2026, a las 4:23 p.m., Metro informa, por Paola N. Sierra Gelpí, que el Senado de Puerto Rico confirmó la designación de Julie O. Gómez Gómez como secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación. En una vista pública del Senado, adelantó un plan de tres fases: auditar la gestión y las necesidades de infraestructura, establecer un plan de seguridad y mantener las instalaciones sin esperar una emergencia. Dijo que buscará fortalecer el presupuesto. El presupuesto actual del DCR es de 461.226 million de dólares, con 29 instituciones penales alrededor de la isla, 7,216 adultos privados de libertad, 69 menores transgresores y más de 5,000 empleados activos. Añadió que revisará los planes de alimentación de la población correccional, modernizará los procesos internos y ampliará los programas educativos mediante acuerdos con instituciones académicas. Su confirmación se anticipaba: más de 20 años en el Departamento, en puestos técnicos, administrativos y legales, y paso por la Junta de Libertad Bajo Palabra y la Junta de Subastas de la agencia. No pudo precisar si la cifra que se adeuda en concepto de pagos retroactivos a los oficiales de custodia asciende a 122 million de dólares. Sin precisar no es negado. Esta nota no cierra esa cifra.

Physician Correctional. Luego de que se iniciara un pleito legal en julio de 2025 para cancelar el contrato, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, cuestionó «la obstinación con cancelar el contrato» y atribuyó las acciones a una promesa de campaña de la gobernadora. A su juicio, no existe justificación para cancelar un contrato que brinda «un buen servicio». Atribuyó el intento a «capricho, personalismo y venganza política». Esa es su acusación, no un hallazgo. Rivera Schatz increpó reiteradamente a la entrante secretaria para que precisara si la agencia garantiza actualmente un servicio adecuado de salud a los confinados, y separó la controversia judicial sobre el contrato de la obligación del Gobierno de garantizar la atención médica de la población confinada. Gómez Gómez, en representación del Gobierno, respondió que continuará el proceso legal: «Vamos a estar en espera de que se completen los procedimientos. Se continúa el caso, sí.»

El litigio surgió luego de que el DCR notificara su intención de cancelar el contrato de la compañía de servicios de salud tras el caso de Hermes Ávila Vázquez, el confinado que obtuvo un pase extendido por razones médicas y posteriormente asesinó a una mujer. La empresa sostiene que la cancelación constituye incumplimiento contractual y responde a represalias políticas; el Gobierno ha rechazado esas alegaciones y permanecen pendientes de adjudicación. El Tribunal de Primera Instancia ordenó a Corrección abstenerse de ejecutar cualquier contrato con un nuevo proveedor de servicios médicos para las cárceles mientras continúa el pleito de Physician Correctional, cuyo contrato está vigente hasta septiembre de 2028. El nombramiento surge luego de que la gobernadora Jenniffer González Colón aceptara la renuncia del saliente secretario, Francisco Quiñones Rivera, quien enfrenta varias querellas administrativas por alegaciones de acoso sexual, acoso laboral, discrimen por razón de sexo y represalias en su contra. Querella no es condena. Alegación no es fallo.

Quedan 461.226 million de presupuesto, un 122 million sin precisar y una orden que congela al proveedor sustituto. El lector que quiera a Sierra Gelpí este 24 tiene la URL de Metro al pie. No es reportaje original.

Fuente: Metro. https://www.metro.pr/noticias/2026/08/24/senado-confirma-a-julie-o-gomez-gomez-como-secretaria-de-correccion