Auditoría federal cuestiona el manejo de fondos para ayudar a sobrevivientes de María

La nota está fechada el 23 de septiembre de 2021, pero el documento que la sustenta fue publicado el 29 de septiembre de 2022. Se trata del informe OIG-22-77 de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, sobre el manejo federal de fondos del Programa de Manejo de Casos de Desastre creado tras el huracán María.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias otorgó aproximadamente 72.8 million de dólares a nueve proveedores sin fines de lucro. La revisión examinó 65 million de dólares pagados a ocho de ellos entre agosto de 2018 y septiembre de 2020. El programa buscaba conectar a sobrevivientes con recursos para necesidades que el desastre había dejado sin cubrir; era completamente federal y se pagaba mediante el Fondo de Ayuda para Desastres.

El hallazgo principal fue de control y documentación. La agencia hizo anticipos de 6.4 million de dólares a seis proveedores usando estimados, sin reconciliarlos de forma suficiente con los costos reales. Además, faltaban documentos de respaldo para 10.7 million. Por eso, el informe dijo que no podía confirmar que 17.1 million pagados a ocho proveedores estuvieran relacionados con el programa y fueran necesarios para esas actividades. También indicó que no podía asegurar que los otros 47.9 million estuvieran documentados de manera adecuada.

Esas cifras describen una limitación de evidencia, no una sentencia penal. El informe señaló riesgo de fraude, desperdicio o abuso, pero un riesgo no es una condena. Tampoco corresponde llamar robo a un gasto solo porque una auditoría encontró controles débiles o papeles incompletos.

Entre los detalles, unos 3.15 million de los anticipos correspondían a cuatro proveedores que no tenían en el expediente documentación del costo real. En una muestra de 50 pagos por 19.5 million, 29 pagos por 14.9 million no tenían el formulario federal requerido para solicitar fondos. El informe también encontró beneficios marginales reportados entre 8 y 49 por ciento sin hojas de cálculo individuales y 10.3 million en nómina o trabajo sin hojas de tiempo, informes o cheques cancelados suficientes.

La revisión atribuyó parte de las fallas a la falta de separación de funciones, de políticas escritas y de una gestión adecuada de los archivos. Un mismo funcionario federal apareció en 15 formularios con aprobaciones por 2.9 million. La agencia no estuvo de acuerdo con las tres recomendaciones del informe, que quedaron abiertas: separar mejor la revisión, aprobación y entrega de fondos; fijar políticas cuando el programa no lo recibe directamente el gobierno territorial; y revisar la documentación de los 65 million examinados.

El informe también explica que los fondos se retiraban mediante un sistema federal de administración de pagos y que la agencia usaba formularios y monitoreo periódico. Para el público, eso no resuelve la pregunta documental: hay que distinguir cuánto se comprometió, cuánto se pagó, cuánto se justificó y qué evidencia quedó en el expediente.

La fuente principal es el informe OIG-22-77 de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional. Su alcance es el programa de manejo de casos de María, no todo el dinero de recuperación de Puerto Rico. Leerlo con el programa, el periodo y la cantidad revisada evita sumar fondos de líneas distintas o presentar un hallazgo de auditoría como una condena.

Fuente: Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, informe OIG-22-77 — https://www.oig.dhs.gov/sites/default/files/assets/2022-10/OIG-22-77-Sep22.pdf