Puerto Rico publica un plan para administrar $2.24 billion del fondo de alivio por coronavirus

El 2 de junio de 2021, la Orden Ejecutiva OE-2020-040 describía cómo Puerto Rico planificaba el uso del Fondo de Alivio por Coronavirus creado por la ley federal de ayuda económica. El documento organizaba las reglas de elegibilidad, las líneas de inversión y el comité encargado de revisar los desembolsos. Su función era explicar un plan; no era un estado de cuenta final de cada programa.

El plan señala que el fondo federal tenía un total de $150 billion. De esa cantidad, la ley reservó $3 billion para los territorios, distribuidos con base en una estimación de población. Según el propio documento, el Tesoro federal determinó una asignación de $2,240,625,863.80 para el Gobierno de Puerto Rico y transfirió ese dinero el 20 de abril de 2020 a una cuenta separada del Departamento de Hacienda. Esa transferencia identifica el ingreso al control del gobierno; no demuestra cuánto se había pagado después a cada programa.

El fondo tenía límites. Los gastos debían ser necesarios para responder a la emergencia de COVID-19, no estar incluidos en el presupuesto vigente al 27 de marzo de 2020 y haberse incurrido dentro del periodo federal aplicable, del 1 de marzo al 30 de diciembre de 2020. El plan cita guías del Tesoro para explicar cada condición. Un plan de inversión y un gasto elegible son conceptos distintos de un pago revisado y liquidado.

Entre los usos que el documento excluye están la porción estatal de Medicaid, los daños cubiertos por seguro, la nómina de empleados que no estuvieran sustancialmente dedicados a responder o mitigar la emergencia, los costos ya reembolsados por otros programas federales, los reembolsos a donantes, ciertos bonos y las indemnizaciones por despido. Entre los usos permitidos aparecen gastos médicos y de salud pública, nómina de seguridad pública y salud dedicada a la emergencia, ayuda por interrupción de negocios y otros costos razonablemente necesarios.

El plan distribuye cantidades entre varias líneas. Incluye $50 million para asistencia de emergencia a hospitales públicos; $150 million para pruebas y rastreo de contactos; $100 million para transferencias a los 78 municipios; $100 million para materiales y equipos de protección; $10 million para emergencias en cárceles; y $5 million para asistencia a personas sin hogar. También contempla $150 million para el fondo de desempleo, $40 million para trabajo remoto y educación a distancia, $40 million para telemedicina, $150 million para hospitales privados y $50 million para la industria turística.

Otras líneas incluían $350 million para protección de nómina del sector privado, hasta $200 million para una segunda ronda de ayuda a trabajadores por cuenta propia y $100 million para empresas medianas. En estas últimas, el plan mencionaba límites por persona o empresa y un orden de llegada. Cada cifra era un espacio presupuestario dentro del plan. Para saber cuánto fue adjudicado, obligado o pagado habría que revisar informes de implementación y comprobantes posteriores.

La orden creó un Comité de Supervisión de Desembolsos con cargo al fondo. Lo integraban la dirección ejecutiva de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, el secretario del Departamento de Hacienda y la dirección de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. El comité debía aprobar asignaciones y pagos bajo el plan, coordinar criterios de elegibilidad, establecer controles documentales, monitorear desembolsos y recomendar cambios entre programas.

El documento también prevé informes y auditorías. Esas herramientas sirven para comprobar si los gastos cumplen las reglas y si hubo duplicación con otras ayudas federales, incluida la asistencia de emergencia. La existencia de un comité, una línea presupuestaria o una auditoría no prueba por sí sola que haya dinero perdido. Del mismo modo, una denuncia debe distinguirse de una determinación administrativa y de una condena penal.

La fuente permite afirmar cuánto se describió como asignación para Puerto Rico y cuáles eran las reglas del plan. No permite afirmar cuánto se había pagado en cada municipio el 2 de junio de 2021 ni cuánto fue objeto de una irregularidad. El seguimiento responsable separa cuatro momentos: recursos asignados al plan, ayudas adjudicadas a proyectos, obligaciones formales y desembolsos efectivamente entregados.

Pa' que se entienda.

La misma cifra puede describir etapas distintas; por eso conviene nombrar cada una.

$2,240,625,863.80: Cantidad que el plan identifica como transferida por el Tesoro a Puerto Rico el 20 de abril de 2020.

Asignado: Dinero reservado dentro del fondo o de una línea del plan.

Adjudicado: Ayuda aprobada para un proyecto, entidad o persona bajo condiciones concretas.

Obligado: Compromiso formal de pagar una cantidad elegible; todavía no necesariamente es un pago.

Desembolsado: Fondos que efectivamente fueron entregados al beneficiario o proveedor.

CRF: Fondo federal de alivio por coronavirus creado bajo la ley federal de ayuda económica de 2020.

Gasto elegible: Costo que cumple las condiciones de necesidad, fecha y relación con la emergencia.

Comité de supervisión: Grupo encargado de revisar asignaciones, controles, criterios y desembolsos del plan.

Auditoría: Revisión de documentos y operaciones; puede identificar problemas, pero no es automáticamente una condena.

Acusación y condena: Son etapas distintas: una denuncia requiere verificación y una condena requiere evidencia y proceso judicial.

Fuente: docs.pr.gov, Orden Ejecutiva OE-2020-040 y plan estratégico para reactivar la economía, apoyar negocios y proteger trabajadores — https://docs.pr.gov/files/Estado/OrdenesEjecutivas/2020/OE-2020-040.pdf