CPI: funcionarios se lavan las manos ante deuda GO que podría ser ilegal

El 14 de junio de 2016, Joel Cintrón Arbasetti reportó para el CPI que funcionarios que celebraron en 2014 la emisión de $3.5 billion en bonos de obligación general (GO) —la más grande de «bonos chatarra» municipales hasta entonces— se lavan las manos ante un informe preliminar de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público que anticipa posibles violaciones a la Constitución y a leyes de la SEC.

Melba Acosta Febo (entonces Hacienda, luego presidenta del BGF), José Pagán Beauchamp, David Chafey y José Coleman Tió celebraron la colocación en Morgan Stanley (Nueva York). Pagán se adjudica haber «colocado con éxito» la emisión; el BGF remite preguntas a Acosta, quien apunta al secretario de Justicia César Miranda. Miranda no dio entrevista: dijo que el proceso de la Comisión no ha concluido.

Según el informe preliminar, la emisión de marzo 2014 se usó para cubrir déficit y pagar deudas de más de 30 años —prácticas que la Comisión señala como prohibidas—. En total se habrían usado ~$30 billion de financiamiento para cuadrar presupuestos. El equipo fiscal de García Padilla habría dirigido más del 35% del presupuesto al pago de deudas, frente al tope constitucional de 15%. El constitucionalista Carlos E. Ramos dijo que la preauditoría «raya en lo escandaloso» y debería obligar un «alto al fuego» hasta aclarar.

La Ley 34 de 2014 (Perelló/Bhatia) autorizó la emisión; sus representantes en la Comisión se abstuvieron de endosar el informe preliminar. Informe preliminar ≠ sentencia. Alegación de inconstitucionalidad ≠ condena ni robo adjudicado.