Fiscal crisis — déficit may reach $2 billion

El 24 de febrero de 2005, Caribbean Business advirtió que el déficit estructural del Estado Libre Asociado podía alcanzar cerca de 2 billion de dólares. La publicación recordó que el 20 de enero se había informado un déficit de 1 billion y que, después, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Banco Gubernamental de Fomento habían reconocido una cifra cercana a 1.4 billion. Fuentes próximas al gobierno situaban el desbalance en torno a 2 billion, con posibles efectos sobre la calificación de los bonos, los servicios públicos, las agencias, el programa de mejoras permanentes y casi todos los renglones de gasto, salvo la nómina y el servicio de la deuda.

La nota describió el llamado déficit estructural como un problema que no se resolvía con un ajuste aislado. Juan Carlos Méndez, designado secretario de Hacienda, calificó la situación de difícil y complicada. Ileana Fas Pacheco, de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, señaló problemas graves en Educación y la Policía, con posibles consecuencias para Corrección, la Familia y Salud. La magnitud anunciada era una estimación de las obligaciones y los ingresos del gobierno; no significaba que una sola cuenta bancaria mostrara exactamente esa pérdida ni que todo el monto venciera en la misma fecha.

Las agencias de crédito ya habían cambiado a negativo el panorama de los bonos de obligación general y del Banco Gubernamental de Fomento. Ese cambio indicaba preocupación sobre la dirección fiscal, pero no era todavía una degradación ejecutada ni una declaración de incumplimiento. La diferencia importa porque una perspectiva negativa describe un riesgo evaluado por la agencia, mientras una degradación modifica la clasificación asignada y un incumplimiento requiere que no se atienda una obligación conforme a sus términos.

Entre las medidas discutidas por la Oficina de Gerencia y Presupuesto figuraban recortes de 10 por ciento al personal de confianza, controles sobre teléfonos celulares, viajes y vehículos, y una congelación de reclutamiento. También se planteaba retirar autonomía fiscal a agencias con déficit. La nota consideraba que esos ahorros serían pequeños frente al tamaño del problema. Una ventana de retiro tampoco parecía una solución suficiente: la nómina del gobierno central había subido 500 million entre 2002 y 2004, de 3.8 billion a 4.3 billion de dólares.

La Asociación de Industriales calculaba que el gobierno representaba cerca de 48 por ciento del producto bruto, frente a un intervalo considerado óptimo de 17 a 30 por ciento. Durante cuatro años, el sector privado había perdido más de 51,000 empleos y el sector público había ganado más de 42,000. Esas cifras laborales formaban parte del contexto utilizado para discutir el peso del gobierno en la economía. No prueban por sí solas que cada empleo creado fuera innecesario ni que cada pérdida privada respondiera a una sola decisión presupuestaria.

El Fondo General tenía un presupuesto de 8.85 billion de dólares y 41 centavos de cada dólar ya estaban comprometidos. La lista incluía la Universidad de Puerto Rico, la Rama Judicial, la Legislatura, subsidios a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, pensiones, servicio de deuda y la reforma de salud. El dato ilustra cuánto margen quedaba para reasignar recursos, pero no debe leerse como si 41 por ciento fuera una deuda vencida. Se trataba de compromisos sobre el presupuesto disponible.

La deuda pública a septiembre de 2004 rondaba los 38 billion de dólares. Las corporaciones públicas representaban aproximadamente 17.26 billion y los municipios 1.98 billion. En 2001, la deuda citada era de 23.8 billion. La comparación mostraba un aumento considerable en pocos años, aunque las categorías y fechas de cada cifra debían conservarse para no mezclar obligaciones del gobierno central con deudas corporativas o municipales.

El sistema de pensiones aparecía todavía más expuesto. La obligación actuarial se estimaba en 11.8 billion, mientras los activos llegaban a 1.95 billion a junio de 2003. Además, el sistema enfrentaba un déficit de caja superior a 50 million al año. Estas medidas describían una brecha de largo plazo y una presión anual de liquidez. Una obligación actuarial no es igual a una factura vencida y los activos reportados no representan necesariamente efectivo disponible para cubrir todos los beneficios futuros.

Para el año fiscal 2005, el Banco Gubernamental de Fomento estimaba un déficit de 1,357.5 million. La cifra incorporaba un préstamo del banco por 550 million y otros componentes. La relación entre esa estimación y el cálculo político cercano a 2 billion dependía de definiciones, supuestos y fechas distintas. Por eso conviene presentar ambos números con su atribución, en lugar de sumarlos o escoger el más alto como si fuera una medición definitiva.

El cuadro publicado por Caribbean Business era el de un gobierno con recaudos insuficientes, gasto comprometido, deuda creciente y un sistema de retiro con pocos activos frente a sus obligaciones. También mostraba que las respuestas discutidas —recortes, congelación de plazas, controles administrativos y cambios en la autonomía fiscal— no habían sido presentadas como una solución ya ejecutada. El déficit estimado no equivale a un incumplimiento, una emisión de deuda no equivale a un delito y una proyección financiera no es una determinación judicial.

Fuente principal: Caribbean Business, “Fiscal crisis — déficit may reach $2 billion”.