Tesoro fija las reglas para usar los fondos de recuperación fiscal estatal y local

El 27 de enero de 2022, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó la regla final que organiza el programa de fondos de recuperación fiscal para estados, territorios, gobiernos tribales y localidades. La norma entra en vigor el 1 de abril de 2022. Su publicación explica cómo pueden usarse los recursos; no demuestra que una cantidad específica ya haya llegado a un municipio, que se haya adjudicado a un proveedor o que se haya pagado a una persona.

La regla pone en práctica el programa creado por la ley federal de rescate económico de 2021. El tamaño total que describe es de $350 billion. Esa cifra es el presupuesto general del programa para sus participantes en todo Estados Unidos y sus territorios. No debe leerse como un cheque de $350 billion para Puerto Rico ni como el total desembolsado en la isla. Para saber cuánto correspondió a Puerto Rico, cuánto se comprometió y cuánto se pagó, hay que consultar tablas y reportes financieros específicos.

El calendario también importa. La regla final adopta y modifica una norma temporal publicada en mayo de 2021. Entre el anuncio de enero y la fecha de vigencia de abril hubo un periodo para que las entidades ajustaran sus procesos. Que una regla sea efectiva en una fecha no significa que todos los gastos estén aprobados, revisados o pagados ese mismo día.

El texto permite usar los fondos para responder a la emergencia de salud pública del COVID-19 y a sus efectos económicos. Eso puede incluir asistencia a hogares, pequeños negocios y sectores perjudicados, además de pagos adicionales para trabajadores esenciales. También permite sostener servicios públicos hasta el límite de la pérdida de ingresos atribuible a la emergencia, y financiar inversiones necesarias en agua potable, alcantarillado y banda ancha. La autorización general no convierte cada proyecto en una adjudicación: todavía hacen falta una entidad responsable, documentación, controles y un gasto que cumpla las condiciones.

La norma recuerda dos prohibiciones centrales. Los recursos no pueden depositarse en fondos de pensiones. En el caso de estados y territorios, tampoco pueden usarse para compensar una reducción de ingresos tributarios causada por cambiar una ley, un reglamento o una interpretación administrativa. Una prohibición describe el uso permitido del dinero; por sí sola no prueba que alguien haya cometido un delito. Una acusación requeriría hechos y evidencia adicionales, y una condena requeriría un proceso judicial.

Puerto Rico aparece dentro de la definición federal de territorio utilizada para el programa, junto con las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Guam, las Islas Marianas del Norte y Samoa Americana. Esa inclusión confirma que la isla está dentro del marco de elegibilidad. No fija por sí sola un monto local, un contrato, una orden de pago ni una suma gastada.

Frente a la regla temporal, la versión final ofrece más flexibilidad en algunos gastos de capital que apoyen una respuesta elegible. El documento menciona vivienda asequible, centros de cuido, escuelas y hospitales cuando el proyecto cumple las condiciones. También amplía la presunción de que ciertos hogares y comunidades fueron afectados de manera negativa o desproporcionada, y desarrolla inversiones de agua, alcantarillado y banda ancha. La flexibilidad sigue limitada por la ley, la guía federal y los controles del receptor.

La regla trata además asuntos ambientales y de infraestructura. Entre las posibilidades que explica están la remediación de plomo y el manejo de aguas de tormenta, siempre dentro de los criterios del programa. Para el lector, la pregunta práctica es qué documento posterior identifica el proyecto, qué cantidad fue adjudicada, qué obligación se registró y qué pago se hizo. Esas son etapas distintas: una asignación reserva recursos; una adjudicación los vincula a un beneficiario; una obligación formaliza el compromiso; y un desembolso es el dinero que efectivamente sale hacia ese beneficiario.

La fuente consultada no ofrece un estado de cuenta de Puerto Rico por municipio ni un listado de pagos realizados en enero de 2022. Tampoco calcula cuánto se había gastado o qué proyectos estaban terminados en la isla. Su alcance es normativo: fija definiciones, fechas, usos permitidos, prohibiciones y criterios para administrar el programa. Los montos territoriales y los resultados de cada proyecto deben comprobarse en informes separados del Tesoro o de las entidades receptoras.

Pa' que se entienda

Estas palabras separan el tamaño de un programa de la ruta real del dinero.

$350 billion: Tamaño total del programa federal de recuperación fiscal que describe la regla; no es un pago automático a Puerto Rico.
Regla final: Norma que adopta y modifica la regla temporal anterior y entra en vigor el 1 de abril de 2022.
Asignado: Recursos apartados dentro de un programa o plan. Todavía no identifica necesariamente a un beneficiario ni un pago.
Adjudicado: Decisión que vincula una cantidad y unas condiciones con un proyecto o beneficiario.
Obligado: Compromiso formal de pagar una cantidad elegible, sujeto a los términos aplicables.
Desembolsado: Dinero efectivamente entregado o pagado; es una etapa posterior al compromiso.
Usos permitidos: Respuesta al COVID-19 y sus efectos económicos, servicios públicos bajo el límite correspondiente e infraestructura de agua, alcantarillado o banda ancha.
Territorio: La definición del programa incluye expresamente a Puerto Rico y otros territorios estadounidenses.
Fondos de pensión y compensación tributaria: Son usos prohibidos por las condiciones que la regla recuerda.
Acusación y condena: Una señal, una denuncia o una regla de elegibilidad no sustituyen la evidencia ni el proceso judicial necesarios para una condena.

Fuente: Federal Register — regla final de los fondos de recuperación fiscal estatal y local, publicada el 27 de enero de 2022 — https://www.federalregister.gov/documents/2022/01/27/2022-00292/coronavirus-state-and-local-fiscal-recovery-funds