Junta ofrece $3 billion a bonistas no consentidores para cerrar la quiebra de la AEE

El 18 de septiembre de 2026, esta mesa relee el comunicado oficial del 30 de junio de 2026 en juntasupervision.pr.gov en el que la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico anunció que propuso un acuerdo a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para reducir reclamaciones y cerrar la quiebra de la corporación bajo el Título III de PROMESA. El peg de hoy es delgado en primarios institucionales frescos del 18; el primary más sustantivo disponible en el carril Junta/AEE sobre deuda es esa oferta de buena fe, todavía vigente como marco público de mediación. No se inventa un cierre de caso ni un desembolso: se lee la oferta tal como la Junta la publicó.

El 1 de junio de 2026, según el comunicado, la Junta propuso un pago en efectivo o la emisión de nuevos bonos —o una combinación de ambos— por la suma de $3 billion, a distribuirse entre los bonistas de la AEE que no han consentido a un acuerdo. Esa oferta, dice la Junta, supondría unos $1.4 billion adicionales frente a la contraprestación prevista para esos bonistas no consentidores bajo el Plan de Ajuste entonces vigente. El acuerdo de $3 billion equivaldría, en el cálculo de la Junta, a una recuperación de aproximadamente el 35% sobre unos $8.5 billion en reclamaciones a la fecha de la petición de esos bonistas no consentidores, frente a una recuperación de aproximadamente el 19% bajo el Plan vigente. El propio primary advierte que aún no se ha determinado una fuente definitiva para cualquier pago en efectivo o para el servicio de la deuda de los nuevos bonos.

Ese marco de cifras exige disciplina de lenguaje. $3 billion es una oferta de acuerdo propuesta y divulgada, no un cheque ya cobrado por los bonistas ni un hallazgo de hurto al erario. $1.4 billion es el incremento relativo que la Junta atribuye a su oferta frente al Plan, no un desembolso ejecutado. $8.5 billion son reclamaciones assertadas en el expediente de quiebra según el comunicado, no caja robada. Obligado no es desembolsado; ofertado no es aceptado; reclamado no es adjudicado; y ninguna de esas etiquetas equivale a “robo de $3 billion”. Quien cite las cifras debe anclarlas al comunicado del 30 de junio y preguntar, en notas posteriores, si hubo aceptación, rechazo, contrapropuesta o orden judicial que cambie el estatus.

La Junta indica que radicó la oferta de liquidación en el sistema Electronic Municipal Market Access (EMMA) y la adjunta al comunicado. El mediador principal, según el texto, informó que los asesores de los bonistas no están recomendando a sus clientes aceptar la oferta porque, al hacerlo, quedarían sujetos a restricciones para negociar (quedarían “restricted” from trading). Ante eso, la Junta optó por divulgar la oferta públicamente. El director ejecutivo Robert F. Mujica, Jr. sostuvo que hay que resolver la quiebra de la AEE para cerrar el último capítulo de la crisis fiscal y avanzar hacia un servicio eléctrico confiable y asequible y hacia nueva inversión. Afirmó que la Junta sigue creyendo posible una resolución consensuada mediante mediación de las controversias restantes en el Título III de la AEE.

El comunicado enmarca la oferta en la dirección del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, con jurisdicción sobre PROMESA, de continuar la mediación hacia un acuerdo consensuado. Mujica describe la oferta como vía seria y de buena fe y exhorta a los bonistas que aún no han consentido a aceptarla. Varios acreedores —prestamistas de la línea de crédito para combustible, acreedores no asegurados y algunos tenedores de bonos— ya han aceptado el Plan de Ajuste para reestructurar la deuda de la AEE, y esos acuerdos, dice la Junta, permanecerán en efecto. Aunque la Junta aumentó su oferta, la mayoría de los bonistas aún no habían aceptado el Plan ni presentado una contrapropuesta para romper la inercia, según el texto del 30 de junio.

El Plan de Ajuste de la AEE, siempre según este primary, propone resolver más de $10 billion de deuda total con todos los acreedores no relacionados con pensiones, incluyendo bonistas, prestamistas de línea de combustible y acreedores no asegurados. Si los bonistas aceptaran el acuerdo propuesto, la recuperación total para todos esos acreedores no pensionarios ascendería a $4 billion. Además, la Junta indicó estar dispuesta a negociar un instrumento de valor contingente (IVC) basado en aumentos reales del flujo de caja neto de la AEE cuando los volúmenes de energía vendidos superen las proyecciones del Plan Fiscal Certificado de 2025. El IVC pagaría a los bonistas un porcentaje negociado del aumento de flujo de caja solo si tanto el volumen como el flujo de caja neto superan lo proyectado; si el volumen sube pero el flujo de caja neto no, la AEE no pagaría bajo el IVC.

Como contexto institucional —no como prueba de un pago ya hecho— la Junta recuerda haber completado 12 reestructuraciones de deuda para Puerto Rico mediante acuerdos consensuados y fiscalmente responsables, eliminando hasta la fecha más de $55 billion en pagos de deuda a lo largo de 40 años. Los miembros actuales, dice el comunicado, respaldaron esas reestructuraciones consensuadas desde sus nombramientos, incluida la del Gobierno central y otras entidades. La Junta afirma que seguirá evaluando todas las opciones para una resolución justa, sostenible y jurídicamente sensata de la deuda de la AEE. Para la reportería de septiembre, las preguntas útiles son: ¿aceptaron, rechazaron o contraofertaron los bonistas no consentidores después del 30 de junio? ¿qué fuente de pago se identificó, si alguna, para el efectivo o el servicio de nuevos bonos? ¿qué parte de los $3 billion, si alguna, llegó a obligarse o desembolsarse? Fuente primaria: comunicado del 30 de junio de 2026 en juntasupervision.pr.gov. Cousin: ninguno.