Contralor: Justicia tiene $864,275 por cobrar en salarios indebidos y opinión cualificada

El 22 de febrero de 2024, esta mesa ancla en el Informe de Auditoría OC-24-36 de la Oficina del Contralor de Puerto Rico sobre el Departamento de Justicia, publicado el 21 de febrero de 2024 en ocpr.gov.pr. Es el primer informe de auditoría de esa entidad en el ciclo reportado y cubre el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de abril de 2023. La Contraloría emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales: los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados. Opinión cualificada ≠ acusación penal ≠ convicción; el informe documenta hallazgos administrativos y fiscales para corrección y seguimiento.

El hallazgo de mayor peso monetario sobre cuentas por cobrar de salarios indebidos es concreto. Al 29 de agosto de 2022 quedaba un balance de cuentas por cobrar de $864,275, equivalente al 94% del total de cuentas por cobrar relacionadas con el pago indebido de salarios entre 2013 y 2022. Esos pagos se efectuaron a empleados que se ausentaban sin balances en licencias de enfermedad ni vacaciones. La auditoría, con cinco hallazgos, señala que el Departamento pagó $103,350 a un empleado que se ausentó por enfermedad del 2019 al 2021 sin contar con balance; su supervisor —fiscal de Distrito— y el secretario auxiliar de Recursos Humanos conocían la falta de balance, pero no suspendieron el pago de nómina hasta 2021.

Del examen de 10 cuentas por cobrar que suman $261,799, se evidenció que no se descontaron del salario la cantidad adeudada en dos cuentas, no se realizaron gestiones de cobro en siete cuentas y no se encontraron los referidos de gestiones judiciales de cobro en nueve cuentas. El informe advierte que esas situaciones provocan acumulación y, con el tiempo, riesgo de incobrabilidad. Aquí el marco del archivo importa: documentar un pago indebido y una cuenta por cobrar no es lo mismo que probar un hurto ante un tribunal, ni que se haya recuperado el dinero. Asignación presupuestaria histórica ≠ obligación de cobro ejecutada ≠ desembolso indebido ya recuperado ≠ tipificación criminal.

Sobre integridad pública, el informe señala que la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia no cuenta con reglamentación interna desde 2004. Esa reglamentación debería contener propósitos, organización administrativa, y deberes y responsabilidades. La Orden Administrativa que crea la División, según el informe, no contiene disposiciones necesarias sobre el registro de referidos y querellas. El personal sin información precisa sobre las tareas pudo contribuir a demoras de hasta 11 años en el proceso de los casos. Para el periodo auditado se identificaron 131 casos activos en investigación con demoras de 2 a 11 años. Los funcionarios alegaron, entre otras razones, priorizar referidos del Panel del Fiscal Especial Independiente (término no mayor a seis meses), investigaciones extensas, insuficiencia de fiscales, cambios de personal y pérdida de importancia cuando falta evidencia para radicar.

Los auditores también detectaron deficiencias que afectan la integridad y confiabilidad del registro de casos investigados en esa división: 897 saltos entre los números de los casos y 171 casos sin fecha de recibo registrada. Eso no es un detalle menor de archivo: sin secuencia confiable y sin fecha de recibo, la ciudadanía y los organismos de fiscalización pierden capacidad de rastrear cuánto tiempo lleva un asunto y cuántos expedientes existen realmente. El informe no convierte esos saltos en sentencia; los presenta como debilidad de control.

En propiedad mueble e inventarios, la auditoría publica que no se realizaron los inventarios físicos anuales de la propiedad en diversas dependencias desde 2018, no se aclararon diferencias con el Departamento de Hacienda, y la propiedad adquirida para el edificio central valorada en $2,897,050 no tenía número de propiedad. Al 10 de enero de 2023, el secretario de Justicia no había solicitado a Hacienda el nombramiento de un encargado en propiedad. De nuevo: valor inventariado sin número de control ≠ desaparición demostrada; es un hallazgo de control interno que el informe exige corregir.

Tras la aprobación de la Ley 143-2014 (Ley para Garantizar la Comunicación Efectiva entre los Componentes de Seguridad de 2014), el informe devela que no se había aprobado ni remitido a la Asamblea Legislativa el plan de trabajo para implementar las medidas dispuestas. El plan debía presentarlo el Comité Intergubernamental presidido por el secretario de Justicia e integrado por funcionarios principales de Tribunales, Policía de Puerto Rico, Corrección y Rehabilitación, Familia, Transportación y Obras Públicas, Ciencias Forenses y Salud. La ley busca intercambio efectivo de información para el Sistema de Información de Justicia Criminal adscrito al Departamento. El atraso del plan es un incumplimiento normativo reportado, no una condena judicial.

Al 28 de junio de 2023, el Departamento de Justicia tenía 138 demandas por $110,648,310 pendientes de resolución por los tribunales. Ese total es exposición litigiosa pendiente, no un desembolso ya hecho ni una obligación presupuestaria liquidada. Separarlo de las cifras de presupuesto es esencial: del 1 de julio de 2018 al 30 de abril de 2023, el Departamento contó con asignaciones de fondos por $811,027,000 y realizó desembolsos por $564,326,914. Asignado ≠ desembolsado: la diferencia entre esas dos cifras del propio informe ilustra por qué el archivo insiste en no tratar un techo presupuestario como dinero ya gastado.

Contexto institucional etiquetado: la Oficina del Contralor publica el OC-24-36 en su portal (www.ocpr.gov.pr) como documento público de fiscalización. La síntesis semanal Noticontralor del 20 al 23 de febrero de 2024 reiteró el balance de más de $800,000 en cuentas por cobrar, la falta de reglamentación desde 2004 y los 131 casos con demoras de dos a once años, y mencionó además la Carta Circular OC-24-14 sobre el calendario del curso requerido por la Ley 190 de 2006 para nominados a la Rama Ejecutiva. Esa carta circular es un instrumento distinto al informe de auditoría; se cita solo como marco de la misma semana institucional, sin sustituir los números del OC-24-36.

Lectura para el ciudadano: el 22 de febrero de 2024 el primary más denso y fechado del día anterior es este informe cualificado. Documenta $864,275 aún por cobrar en salarios indebidos (94% del rubro), un caso de $103,350 sin suspensión oportuna de nómina, diez cuentas por $261,799 con gestiones incompletas, $2,897,050 en propiedad del edificio central sin número, 131 investigaciones demoradas, 897 saltos de numeración, 171 casos sin fecha de recibo, 138 demandas por $110,648,310 pendientes, y un flujo de $811,027,000 asignados frente a $564,326,914 desembolsados en el periodo fiscal examinado. Ninguna de esas cifras, por sí sola, es hurto adjudicado ni absolución. Son hallazgos de auditoría para que el Departamento, Hacienda, la Asamblea Legislativa y la ciudadanía midan corrección, cobro y control —sin confundir la etapa de informe con la etapa de juicio.