Oficina de cuentas federal: Puerto Rico carga 52.8 billion de deuda pública al corte de 2022 y anota superávit de 1.9 billion ese año — la eléctrica sigue sin acuerdo

El 30 de junio de 2025, la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos publicó el informe U.S. Territories: Public Debt and Economic Outlook — 2025 Update (número GAO-25-107560). La primaria de esta mesa es la ficha de producto en gao.gov. Es la quinta entrega de la serie bienal que la ley PROMESA manda sobre la deuda pública de los cinco territorios habitados de forma permanente. No es un cargo penal ni un audit de un solo grant de desastre: es un corte de deuda, ingresos, gastos y riesgos fiscales, con un capítulo entero dedicado a Puerto Rico.

Cousin 1351 fijó el expediente de transición de COR3 del 20 de noviembre de 2024: más de $21.3 billion de aumento en obligaciones federales de recuperación entre finales de 2020 y noviembre de 2024, frente a $11.8 billion de aumento en desembolsos, y la advertencia de que la obligación maestra del FAASt no autoriza por sí sola el cash-out. Esta nota 1352 abre el otro lado del balance: la capacidad fiscal del territorio —deuda pública, superávit o déficit, pensiones y, sobre todo, la deuda eléctrica aún sin reestructurar— que condiciona cuánto puede absorber y sostener esa tubería de recuperación.

Deuda pública de Puerto Rico según el informe: al 30 de junio de 2022 (año más reciente con estados financieros auditados en el corte de GAO), la deuda pública total pendiente era de unos $52.8 billion en el resumen de hallazgos y de unos $52.9 billion en el análisis detallado —alrededor del 47% del producto interno bruto del año fiscal 2022 y del 67% del producto nacional bruto. El total estaba 11% más bajo que en el año fiscal 2020. El gobierno primario concentraba más deuda que las unidades componentes; entre esas unidades, la Autoridad de Energía Eléctrica (PREPA) tenía la mayor participación. Deuda reestructurada del gobierno ≠ deuda eléctrica liquidada.

Superávit 2022: el análisis de los estados auditados muestra un superávit combinado total de $1.9 billion en el año fiscal 2022, reverso de déficits de $424.1 million en 2021 y $2.3 billion en 2020. El gobierno primario aportó un superávit de $2.3 billion en 2022 (mejora de $2.8 billion frente a su déficit de 2020). Las unidades componentes cerraron 2022 con un déficit de $355.4 million, aún así una mejora de unos $1.5 billion frente al déficit de 2020. Superávit de un año ≠ caja libre para cualquier obra; ni borra la deuda pendiente ni sustituye el desembolso federal de asistencia pública.

Ingresos y gastos: en el año fiscal 2022, el ingreso combinado total fue de $45.8 billion, un alza de 24% respecto a 2020. El ingreso del gobierno primario fue de $34.8 billion —baja de 14% frente a 2021, pero alza de unos 24% frente a 2020—. El informe señala que PREPA trasladó a los clientes costos más altos de combustible, lo que elevó cargos por servicio eléctrico; a la vez, en PREPA el alza de gastos totales superó el alza de esos cargos. Ingreso reportado ≠ desembolso de grant federal.

Reestructuración incompleta de PREPA: el gobierno primario reestructuró gran parte de su deuda, pero la reestructuración en corte de PREPA bajo el Título III de PROMESA sigue abierta. La Junta de Supervisión Fiscal presentó un plan de ajuste propuesto en diciembre de 2022. En junio de 2024, el Primer Circuito de Apelaciones sostuvo que los bonistas de PREPA tenían un gravamen y un reclamo non-recourse sobre los ingresos netos, lo que elevó el reclamo permitido de los bonistas de $2.4 billion a $8.5 billion. Litigio ≠ pago ejecutado; el informe lo trata como riesgo fiscal abierto, no como veredicto final de cuanto se pagará.

Pensiones de PREPA: el fondo de pensiones de la autoridad se agotó en diciembre de 2024; al mayo de 2025, el gobierno primario había facilitado a PREPA $375 million en préstamos para cubrir pagos de pensión hasta junio de 2025. La Junta ha sugerido, entre otras medidas, aumentar precios de electricidad para que PREPA pueda cumplir obligaciones pensionales a largo plazo. Préstamo del gobierno a su utilidad ≠ grant de desastre desembolsado.

Pensiones del territorio en sentido amplio: la pasividad neta total de pensiones en el año fiscal 2022 fue de $55.1 billion (alza de 9% frente a 2020). La pasividad por otros beneficios postempleo fue de $1.9 billion (baja de 2%). Puerto Rico creó un fideicomiso de reserva de pensiones en 2022 como parte del Plan de Ajuste; al abril de 2025 había aportado un total de $3.4 billion a ese fideicomiso, con el pago más reciente de $906 million en noviembre de 2024. Aporte al fideicomiso ≠ gasto de reconstrucción física.

Red eléctrica y operación privada: el informe recuerda que la red aún no se ha recuperado del todo del daño de 2017 y cita apagones mayores en 2024, incluido el del 31 de diciembre de 2024, cuando un 90% de los clientes de PREPA perdió servicio por falla de una línea subterránea. LUMA Energy asumió la transmisión y distribución en 2021; Genera PR empezó a operar, mantener y desmantelar activos de generación en 2023. Operador privado ≠ dueño de la deuda PREPA; tampoco convierte obligación federal de grid en desembolso automático.

Alivio COVID en la tabla 1 del informe: a los gobiernos territoriales se les asignaron, entre otros, $24.8 billion para Puerto Rico frente a un PIB de referencia de $105.1 billion en esa tabla (datos de asignación recogidos entre mayo 2022 y mayo 2023). Asignado en tabla de alivio pandémico ≠ obligado de asistencia pública de huracán ≠ outlay de un FAIN de vivienda.

Puente con la mesa de reconstrucción: si 1351 muestra que COR3 midió un salto enorme de obligación federal con un desembolso aún menor, 1352 muestra por qué el balance local importa. Una utilidad eléctrica con deuda en litigio, pensiones agotadas y apagones recurrentes no es un detalle de color: es el mismo sector al que el FAASt le puso una obligación maestra de $9.5 billion que, según el propio COR3, no autoriza desembolso hasta cada project worksheet. Quien lea “$52.8 billion de deuda” como si fuera el mismo saco que “$21.3 billion de obligaciones nuevas de FEMA” está mezclando tubos. Deuda pública pendiente ≠ grant obligado ≠ grant desembolsado ≠ hurto.