Oficina central de recuperación: entre 2020 y finales de 2024 las obligaciones federales de reconstrucción suben 21.3 billion y los desembolsos 11.8 billion

El 20 de noviembre de 2024, la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (conocida como COR3) publicó el informe institucional Transición 2024, firmado por su entonces director ejecutivo y Representante Autorizado del Gobernador ante la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, Manuel A.J. Laboy Rivera. La primaria de esta mesa es el PDF alojado en recovery.pr.gov. El documento no es un comunicado de prensa suelto: es un expediente de transición que resume roles, logros 2021–2024 y —sobre todo— la distancia entre fondos obligados por la agencia federal de emergencias y fondos desembolsados a subrecipientes. Obligado ≠ desembolsado ≠ hurto.

Cousin 1340 abrió la ficha de USASpending del FAIN B-23-DN-72-0002: Vivienda de Puerto Rico con $667,000 obligados y $0 de outlay en esa foto del portal. Esa nota era del block grant de vivienda federal. Esta nota 1351 cambia de tubo —asistencia pública y programas de recuperación de la agencia federal de emergencias administrados por COR3— pero mantiene el mismo marco de lectura: la etiqueta de dinero en un papel institucional no es lo mismo que el efectivo en la cuenta del proyecto. El informe de transición documenta, con cifras propias de COR3, cómo se movió esa brecha entre diciembre de 2020 y el 15 de noviembre de 2024.

Comparación clave del expediente: al cotejar datos entre el 31 de diciembre de 2020 y el 15 de noviembre de 2024, COR3 reporta un aumento de $21.3 billion en obligaciones y un aumento de $11.8 billion en desembolsos a través de todos los programas de recuperación de la agencia federal de emergencias. El mismo informe afirma, en otra lámina, que se ha desembolsado el 48% de los fondos obligados de esa agencia para todos los desastres declarados desde 2017. Aumento de obligación ≠ aumento de desembolso; el propio delta ($21.3 billion vs $11.8 billion) ilustra que la obligación creció más rápido que el cash-out en ese intervalo.

Desembolsos anuales de COR3 (asistencia pública más mitigación de riesgos, todos los desastres) según la serie del informe: $457 million en 2020, $359 million en 2021, $1.4 billion en 2022, $2.04 billion en 2023 y $1.9 billion year-to-date al 15 de noviembre de 2024, con proyección de superar el total de 2023. Aquí el marco importa otra vez: desembolso reportado por COR3 es movimiento de fondos hacia subrecipientes o adelantos; no es, por sí solo, certificado de que cada obra permanente ya está terminada y aceptada.

Obra permanente completada (facilidades o ítems de daño dentro de grupos de proyecto), según el informe hasta septiembre de 2024: menos de 300 en el cuatrienio 2017–2020 frente a cerca de 4,000 en 2021–2024 (María 3,792, terremotos 85, Fiona 123), con un total de fondos asociado de unos $800 million en esa lámina de completados. Completado ≠ obligado; el propio documento separa esas columnas en otras páginas de logros.

Estrategia Accelerated Award (FAASt): el informe explica que la agencia federal de emergencias usó por primera vez —y solo en Puerto Rico— esta metodología para obligar fondos de obra permanente bajo la Sección 428 del Stafford Act a la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el Departamento de Educación y la Administración de Vivienda Pública. Cifras de obligación maestra citadas: $9.5 billion (energía, septiembre 2020), $3.7 billion (acueductos, enero 2021), $2.0 billion (educación, septiembre 2020) y $1.4 billion (vivienda pública, enero 2022). El punto crítico del expediente: la obligación “maestra” del FAASt no autoriza desembolso, no autoriza construcción y no trae fondos de mitigación 406 hasta que cada entidad somete alcances de trabajo y la agencia federal obliga un project worksheet específico. Al noviembre de 2024, COR3 reporta cientos de project worksheets ya aprobados para construcción y desembolso bajo esas líneas (por ejemplo, 195 PWs y $7.7 billion asociados en la línea de energía; 90 PWs y $2.6 billion en acueductos), más un total agregado citado de $12.6 billion que incluye $2,000 million en nuevos fondos de mitigación 406.

Adelantos de capital de trabajo (Working Capital Advance): el informe atribuye parte del salto de desembolsos a ese mecanismo. Para María (categorías C–G de asistencia pública) lista, entre otros, $2.36 billion en WCA a 37 agencias (924 PWs), $265.8 million a 69 municipios (730 PWs) y $113.4 million a 87 organizaciones sin fines de lucro (148 PWs). Hay tablas separadas para Fiona, terremotos y mitigación 404. Adelanto ≠ liquidación final; el COR3 valida cumplimiento de desembolsos y queda expuesto a auditorías como el Validate as You Go de la agencia federal.

Comparación Katrina vs María (primeros seis años, todas las categorías de asistencia pública): el informe pone a María con 10,855 project worksheets obligados frente a 5,727 de Katrina, porcentaje de PWs completados similar (~52% vs ~50%) y fondos de asistencia pública desembolsados casi a la par ($6.7 billion vs $6.6 billion). Es una métrica de ritmo relativo, no un veredicto de que la recuperación ya terminó.

Roles: COR3 opera como subdivisión de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, adscrita a su vez a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal. El director ejecutivo es, por designación del gobernador, el Representante Autorizado ante la agencia federal de emergencias: valida elegibilidad, tramita enmiendas, autoriza o retiene desembolsos y responde auditorías. Subrecipiente ≠ receptor final del hogar; entre el obligado federal y la obra en el barrio hay capas de papeles.

Declaraciones listadas en el propio expediente (entre otras): Irma DR-4336, María DR-4339, terremotos DR-4473, COVID DR-4493, Fiona DR-4671, inundaciones 2022 DR-4649, inundaciones severas 2024 DR-4805 y Ernesto EM-3610. Cada declaración abre un tubo de fondos distinto; sumar tubos sin mirar el estado (obligado / autorizado para gasto / desembolsado / completado) produce titulares engañosos.

Para la mesa de lecturas lentas: el valor de Transición 2024 no es celebrar ni condenar de un plumazo. Es fijar, con fuente primaria del receptor estatal, que entre 2020 y finales de 2024 la obligación federal creció por decenas de miles de millones mientras el desembolso creció también —pero menos— y que mecanismos como FAASt y el adelanto de capital de trabajo existen precisamente porque la obligación maestra no basta para pagar concreto. Quien confunde “obligado” con “ya se gastó” o con “se lo robaron” está leyendo mal el expediente.