GAO pide mejorar cómo FEMA calcula el costo de obras en Puerto Rico

El 5 de febrero de 2020, Periodista #3 (ARCHIVO) fija el peg sobre el informe PDF de la U.S. Government Accountability Office GAO-20-221, «Puerto Rico Disaster Recovery: FEMA Actions Needed to Strengthen Project Cost Estimation and Awareness of Program Guidance». El primary es el PDF en gao.gov/assets; las cifras salen del corte de FEMA al 30 de septiembre de 2019, no de un portal local ni de un recuento posterior al informe.

GAO encontró que FEMA había obligado (obligated) casi $6 billion en Public Assistance a Puerto Rico para 1,558 proyectos desde los huracanes de septiembre de 2017. De ese paquete, unos $5.1 billion correspondían a emergency work —remojo de escombros, energía temporal y otras categorías A y B—. Obligado no es lo mismo que gastado: del casi $6 billion obligado, Puerto Rico había expended unos $3.9 billion al 30 de septiembre de 2019 (cerca del 65 percent). El archivo insiste en la alfabetización del lote: obligation ≠ expenditure ≠ disbursement inventado ≠ theft.

El cuello de botella que GAO documenta es la obra permanente bajo Public Assistance. FEMA y Puerto Rico tenían que acordar fixed cost estimates antes de arrancar esos proyectos; una vez cerrado el estimado fijo, el subrecipiente carga con costos que lo excedan y puede quedarse con ahorros si gasta menos. Al corte de septiembre de 2019, solo 19 proyectos tenían fixed cost estimates aprobados, frente a 9,344 damaged sites identificados —escuelas, hospitales, carreteras y demás infraestructura—. Según FEMA, 6,304 sites (67.5 percent) ya tenían damage assessments completos y 3,021 (32.3 percent) seguían en etapas anteriores. El volumen de sitios y las demoras en guidance de cost estimation específica para Puerto Rico complicaban el pipeline, dijeron oficiales de ambas partes a GAO.

Puerto Rico estimaba en el propio informe que harían falta unos $132 billion para reparar y reconstruir infraestructura y servicios hasta 2028. Esa es una proyección de necesidad de reconstrucción, no un award federal ni un desembolso ya hecho. FEMA había adaptado su guidance de cost estimating de Public Assistance a costos de la isla —labor, equipo, materiales y factores de precios futuros—, pero GAO midió esa guidance contra las 12 steps del GAO Cost Estimating and Assessment Guide: cumplía sustancial o plenamente 9 de 12, y fallaba o quedaba corta en tres áreas, incluida el análisis de riesgos e incertidumbre futura que pueden mover los estimados.

Las recomendaciones de febrero 2020 fueron dos y claras: (1) revisar el cost estimating guidance de Public Assistance para alinearlo mejor con las 12 best-practice steps, y (2) crear un repository de guidance vigente de PA accesible a todos los recovery partners en Puerto Rico. El Department of Homeland Security concurrió. Oficiales del gobierno de Puerto Rico dijeron a GAO que no siempre entendían qué guidance estaba en vigor ni cómo proceder. FEMA y Puerto Rico también habían extendido el deadline de fixed cost estimates; GAO dijo que era demasiado pronto para medir el impacto de esa extensión.

GAO también subrayó visitas de campo y entrevistas con FEMA y con el gobierno de Puerto Rico para contrastar data de obligación y expenditure con la experiencia operativa en la isla. El informe no acusa delito ni «robo» de fondos; describe un programa donde el emergency work avanzó más rápido en obligación y gasto, mientras la permanente dependía de cerrar miles de fixed cost estimates sitio por sitio. Esa distinción —projected need frente a obligated frente a expended— es el corazón del peg institucional de febrero 2020.

Para el ARCHIVO, el peg deja el mapa temprano de la recuperación post-Irma/María: mucha obligación concentrada en emergency work, poca obra permanente con fixed costs cerrados frente a miles de sites, y un pedido explícito a FEMA de mejorar cómo se estiman costos y cómo se publica la guidance —sin confundir potes ni inventar malversación donde el documento habla de proceso y capacidad.