Mujica: subir la pensión mínima a $1,000 es “irresponsabilidad fiscal”

El 14 de septiembre de 2026, NotiCel (Javier Colón Dávila) reportó que la Junta de Supervisión Fiscal “le bajó el dedo” a la propuesta de la gobernadora Jenniffer González Colón de elevar el mínimo de las pensiones a $1,000, al describirla como una “irresponsabilidad fiscal”. En una carta del director Robert Mujica a la gobernadora y a los presidentes legislativos, la entidad dice entender los retos económicos de los pensionados, pero insiste en que esa realidad tiene que evaluarse contra el Plan de Ajuste de la Deuda del Gobierno Central. Carta de objeción no es anulación judicial ya dictada. Proyecto en trámite, anulación judicial ya dictada. Proyecto en trámite no es ley firmada.

La legislación se discutió el viernes en la Cámara de Representantes. La tarde del 14, según NotiCel, la gobernadora reconoció que no se había identificado el dinero para financiar los aumentos. Reconocimiento de falta de fuente no es retiro del proyecto. Vista del viernes, retiro del proyecto. Vista del viernes no es aprobación en el hemiciclo.

Mujica cita la sección 83.4 del acuerdo estipulado ante el tribunal: se prohíbe al gobierno presentar y aprobar legislación que aumente pensiones de beneficio definido por un espacio de 10 años. “Cualquier medida que cree o aumente los pagos de pensión definida o las obligaciones tiene que ser evaluada contra el Plan de Ajuste”, dijo. Veda del plan no es indiferencia ante la pobreza de un cheque de $400 o $500; es un candado jurídico que la Junta invoca. Invocación de 83.4 no es sentencia de Swain sobre este proyecto específico, que la fuente principal no reporta como ya litigada.

La cita más larga de la carta, según NotiCel: “La disponibilidad de fondos en un año fiscal en particular no es suficiente para demostrar que un beneficio de pensión permanente sea asequible o sostenible. Establecer una obligación de pensión recurrente sin contabilizar y financiar plenamente todos sus costos es fiscalmente irresponsable, frena la recuperación financiera de Puerto Rico y corre el riesgo de devolver a Puerto Rico a las prácticas de gasto que lo llevaron a su quiebra y a la promulgación de PROMESA”. Superávit o holgura de un año no es financiamiento de un derecho permanente. Obligación recurrente sin fuente, financiamiento de un derecho permanente. Obligación recurrente sin fuente no es “justicia social” ya presupuestada.

Otras coberturas del mismo choque (El Nuevo Día, El Vocero), usadas solo como verify, sitúan el Proyecto de la Cámara 1399, un universo de 53,481 jubilados (48,948 del gobierno central y 4,533 del Sistema de Retiro para Maestros bajo $1,000), y un impacto discutido en vista de unos $232.6 million anuales según análisis de OPAL. Esas cifras no están en el extracto de NotiCel que es la URL del lote; por eso esta nota no las eleva a hecho de la fuente. Si el editor quiere el 53,481, que cruce con ENDI. Aquí se declara el cruce y se deja fuera del cuerpo factual duro.

Tema de casa: economy, no un drama de “la Junta contra los viejos”. El choque es de regla fiscal versus promesa programática. Pensionado vulnerable no es partida identificada. Vetos del año pasado a dos piezas del paquete, mencionados en ENDI, no se dan por reproducidos en NotiCel.

Cierre: $1,000 como piso propuesto; 83.4; 10 años; fuente no identificada según la gobernadora; irresponsabilidad fiscal como calificativo de Mujica.