Contralora: pagos indebidos, proveedor no registrado y millones fuera del inventario

El 27 de agosto de 2026, la contralora Carmen A. Vega Fournier publicó el Informe de Auditoría OC-27-25 sobre la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico, contratos de servicios profesionales y consultivos, y propiedad mueble. Esta nota se asigna al 10 de septiembre de 2026 como lectura institucional en una ventana donde la página de la OCPR no mostró una auditoría nueva ese día. La fecha se declara: no se finge un comunicado del 10. El examen cubre del 1 de julio de 2021 al 31 de mayo de 2025 y arrojó tres hallazgos significativos y dos comentarios especiales sobre contratación, propiedad pública y gobernanza interna.

La Contralora reporta $8,049 en pagos indebidos a un contratista por servicios ofrecidos luego de agotarse los fondos del contrato. También encontró deficiencias en la preintervención de facturas: omisiones de datos requeridos, ausencia de informes de servicios y certificaciones emitidas sin firmas autorizadas. Además, detectó $293 pagados en exceso por una comisión publicitaria sobre el límite permitido. Pago indebido según auditoría no es apropiación ilegal adjudicada por un tribunal. Preintervención deficiente, apropiación ilegal adjudicada por un tribunal. Preintervención deficiente no es falsificación probada.

En contratación, los auditores identificaron que la Junta de Retiro otorgó un contrato de $348,333 y una enmienda de $140,000 a una corporación foránea que no estaba registrada en el Registro Único de Proveedores de Servicios Profesionales al contratarse. La OCPR dice que eso incumple disposiciones legales y reglamentarias. Corporación no registrada no es corporación fantasma. Incumplimiento administrativo, corporación fantasma. Incumplimiento administrativo no es convicción criminal. Contrato y enmienda, convicción criminal. Contrato y enmienda no es evidencia de que cada dólar fue pagado o malversado.

En propiedad, el OC-27-25 señala ausencia de un inventario físico cuando se nombró a la encargada de la propiedad en 2022, y discrepancias entre registros internos de la Junta y datos del Departamento de Hacienda. En total, 1,199 unidades por $2.6 million no estaban registradas en Hacienda; otras 894 unidades por $4.1 million, eliminadas internamente, seguían sin actualizarse en el sistema oficial. “No registradas” no es desaparecidas. “Eliminadas internamente”, desaparecidas. “Eliminadas internamente” no es destruidas o robadas. Es una falla de conciliación que el informe cuantifica por valor contable.

Primer comentario especial: aunque la Junta contaba con asignaciones FEMA y CDBG-DR y reclamaciones a aseguradoras por $28.6 million, al 8 de diciembre de 2025 no habían comenzado los trabajos de reconstrucción de la antigua sede de la Administración de los Sistemas de Retiro. Asignación no es desembolso. Reclamación de seguro, desembolso. Reclamación de seguro no es pago cobrado. Trabajos no iniciados a una fecha de corte, pago cobrado. Trabajos no iniciados a una fecha de corte no es cancelación del proyecto.

Segundo comentario especial: el Comité de Auditoría Interna no celebró reuniones desde su creación en junio de 2022 hasta mayo de 2025, contrario a los requisitos de la Carta Circular 2022-002. Comité inactivo no es ausencia total de auditoría externa; el propio OC-27-25 es una intervención de la OCPR. Incumplimiento de circular no es delito.

Vega Fournier dijo que las deficiencias debilitan procesos administrativos y aumentan el riesgo de irregularidades. Exhortó a mantener controles internos estrictos, formalizar contratos y asegurar uso responsable de fondos. “Riesgo” es el verbo del informe: Borinquen no lo convierte en una acusación contra un funcionario específico. La página oficial no enumera arrestos, referidos ni convicciones.

El título “Junta de Retiro” no debe confundirse con la Junta de Supervisión Fiscal. Son entidades distintas: esta auditoría trata la Junta de Retiro del Gobierno, no la FOMB de PROMESA. Esa precisión evita atribuir los $8,049 o los registros de propiedad al organismo fiscal federal.

Control de lenguaje Borinquen: informe de auditoría no es acusación penal; hallazgo, acusación penal; hallazgo no es convicción; pago indebido, convicción; pago indebido no es hurto probado; asignaciones y reclamaciones, hurto probado; asignaciones y reclamaciones no es dinero desembolsado; riesgo de irregularidad, dinero desembolsado; riesgo de irregularidad no es irregularidad adjudicada. Donde el informe no identifica persona acusada ni referido criminal, esta nota tampoco. Todo monto se conserva en dólares y usa million o billion para magnitudes, nunca la escala monetaria española prohibida.