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2026-09-08 · Economía y política

Informe del accidente de CAPECO: el desborde que expuso fallas técnicas y de respuesta

El informe final de la Chemical Safety Board sobre Caribbean Petroleum Corporation, publicado el 21 de octubre de 2015, reconstruye una emergencia industrial que comenzó en Bayamón la noche del 23 de octubre de 2009. Borinquen lo archiva en el registro del 8 de septiembre de 2026 por su valor institucional e histórico. Durante la descarga de gasolina desde el buque Cape Bruny, un tanque sobre tierra de 5 million gallons se desbordó; el aerosol formó una nube inflamable que llegó al área de tratamiento de aguas, encontró ignición y produjo explosiones y fuegos múltiples.

La CSB calculó que el tanque 409 desbordó por unos 26 minutos. Su tabla estima 193,974 gallons de sobrellenado, casi 200,000, y describe una nube de 107 acres. La explosión y los fuegos dañaron 17 de 48 tanques; el incendio duró casi 60 horas según el resumen ejecutivo, mientras el relato operacional señala 66 horas hasta extinguirlo. Una onda registrada en magnitud 2.9 dañó aproximadamente 300 hogares y negocios hasta 1.25 millas del sitio. No hubo muertes y tres personas sufrieron lesiones menores fuera del terminal.

El mecanismo no fue un solo “error humano”. El transmisor del tanque 409 no enviaba datos al sistema computarizado, los operadores dependían de lecturas horarias y cálculos manuales, y el equipo de medición tenía historial de fallas. La instalación carecía de alarma independiente de alto nivel y de un sistema automático que detuviera o desviara el flujo. La CSB también halló procedimientos insuficientes, mantenimiento deficiente, iluminación pobre y presiones económicas para completar la descarga dentro del tiempo contractual, condiciones que interactuaron en vez de operar como defensas.

La topografía y el drenaje multiplicaron el peligro. Gasolina pulverizada desde los respiraderos golpeó componentes del tanque y se aerosolizó. Válvulas abiertas en el dique permitieron migración hacia puntos bajos y el estanque de aguas usadas. La CSB no determinó la fuente exacta de ignición, pero sí identificó varios candidatos en el área alcanzada. Esa precisión importa: el informe sí establece la ruta y las condiciones de la nube, pero no adjudica una chispa específica que la evidencia no pudo fijar.

La respuesta también dejó lecciones públicas. Cuarenta y tres organizaciones federales, territoriales y no gubernamentales participaron, dificultando el mando y la comunicación. CAPECO y los bomberos locales no tenían equipo ni entrenamiento para múltiples tanques incendiados; habían preparado escenarios de un solo tanque. El informe registra una declaración federal de emergencia del 24 de octubre de 2009 para Bayamón, Cataño, Guaynabo, San Juan y Toa Baja, y dice que FEMA proveyó más de $3.4 million a 27 entidades para esfuerzos de respuesta.

El impacto alcanzó vivienda, ambiente y economía. Fort Buchanan sufrió más de $5 million en daños. Evaluaciones encontraron daño en 232 de 266 hogares revisados en Puente Blanco; al mes siguiente se habían reparado 139 y demolido seis. El informe estima que se liberaron aproximadamente 30 million gallons de petróleo por canales, cuerpos de agua y humedales hacia la bahía de San Juan. PR-22 cerró por tres días y hubo restricciones aéreas temporales. Son estimados y hallazgos del informe, no una nueva tasación de 2026.

La conclusión regulatoria fue amplia: terminales de tanques atmosféricos con líquidos inflamables podían quedar fuera de requisitos de OSHA Process Safety Management y EPA Risk Management Plan. La CSB pidió evaluaciones de riesgo que consideraran comunidades cercanas, salvaguardas redundantes, mejores estándares de sobrellenado, pruebas y planificación de emergencias. La Junta investiga y recomienda; no impone multas ni adjudica culpabilidad penal. Su informe es causal y preventivo, no una sentencia judicial.

Advertencia: Las cifras de gallons, daños, duración, pagos FEMA e impactos proceden del informe CSB de 2015 y conservan su carácter estimado cuando así se expresa. Una investigación administrativa no equivale a una acusación penal ni a una convicción. Más de $3.4 million provistos para respuesta no es un registro detallado de cada desembolso. Fuente final del 21 de octubre de 2015; registro histórico del 8 de septiembre de 2026.