GAO: $14.3 billion obligados a la red; solo $3.6 billion desembolsados

El 2 de junio de 2026, la U.S. Government Accountability Office publicó el informe GAO-26-107772, titulado Puerto Rico Grid Recovery: Limited Progress Toward Stability and Opportunities Exist to Improve Federal Assistance. El registro público indica una liberación al público el 2 de julio de 2026. Según el informe, FEMA, HUD y DOE habían obligado aproximadamente $14.3 billion para la recuperación y modernización de la red eléctrica desde 2017, mientras se habían desembolsado unos $3.6 billion, cerca de una cuarta parte. El allotment total citado es de $17.1 billion. La diferencia entre fondos asignados, obligaciones y desembolsos exige conservar la etiqueta de cada cifra.

La Tabla 2 presenta el desglose de los tres departamentos en billions. FEMA había allotado $13.2 billion, obligado $11.1 billion y desembolsado $2.7 billion. HUD había allotado $2.9 billion, obligado $2.3 billion y desembolsado $0.6 billion. DOE había allotado $1.0 billion, obligado $0.9 billion y desembolsado $0.3 billion. En conjunto, las obligaciones suman cerca de $14.3 billion y los desembolsos cerca de $3.6 billion. Los redondeos del informe explican por qué las sumas publicadas se expresan como aproximaciones.

La lectura principal no es que todo el dinero restante esté perdido. El informe muestra que una porción considerable permanece entre la asignación original, la obligación federal y la entrega de fondos. Para FEMA, la brecha entre $11.1 billion obligados y $2.7 billion desembolsados es especialmente amplia. HUD y DOE también muestran diferencias entre sus obligaciones y sus desembolsos. Esas brechas pueden corresponder a proyectos en fases administrativas, de diseño, revisión o ejecución; la tabla por sí sola no permite llamar fraude a un saldo sin desembolsar.

FEMA había entregado la mayor parte de sus desembolsos a equipo, materiales y servicios de arquitectura e ingeniería. El informe también señala que DOE reasignó o canceló aproximadamente $715 million originalmente dirigidos a solares comunitarios y hogares de bajos ingresos, para destinarlos a estabilidad de la red y otros usos todavía por definir. Esa decisión cambia el destino programático de esos fondos, pero no convierte automáticamente el monto en desembolso ni prueba que el nuevo uso ya estuviera completado al momento del estudio.

El avance físico de los grandes proyectos de FEMA era limitado. Solo nueve de 258 proyectos grandes estaban completos. La cifra se refiere a proyectos grandes dentro del universo revisado y no significa que no hubiera trabajo en proyectos menores. El informe añade que, hasta febrero de 2026, se habían despejado aproximadamente 400 millas de vegetación con fondos federales, frente a unas 16,000 millas planificadas. Estos indicadores describen una parte del trabajo de mantenimiento y resiliencia de la red, no el total de todos los proyectos financiados.

El informe sitúa el análisis dentro de la condición financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica. PREPA arrastraba una deuda de aproximadamente $9 billion antes del huracán María. Para determinar qué proyecto se considera grande, el documento utiliza umbrales distintos: $123,100 para María, $131,100 para los terremotos y $1 million para Fiona. Esos límites sirven para administrar asistencia y revisiones; no representan el costo promedio de una obra ni una medida de su importancia para los abonados.

Entre los obstáculos citados aparecen revisiones ambientales e históricas, rotación de personal, complejidad del financiamiento, la condición financiera de PREPA e incertidumbre sobre las entidades responsables. El GAO explica que estos factores pueden afectar la velocidad con que las obligaciones se convierten en compras, construcción y reembolso. La existencia de una obligación federal demuestra un compromiso financiero aprobado, pero no permite afirmar que una subestación, línea o proyecto solar ya esté funcionando.

El GAO formuló cinco recomendaciones: tres para FEMA y dos para DOE. Entre ellas figuran actualizar las guías sobre exclusiones categóricas y clarificar funciones y un mecanismo de coordinación. El informe indica que DHS y DOE estuvieron de acuerdo con las recomendaciones. Esa respuesta institucional es distinta de la evidencia sobre terminación de obras o desembolso de dinero. Para evaluar resultados se requiere seguir los proyectos, sus fechas, sus entregas y los documentos financieros correspondientes.

El apagón total de abril de 2025, que duró casi dos días, aparece como contexto de la fragilidad de la red. El documento también señala que el sistema sirve aproximadamente a 1.5 million de clientes. Esos datos ayudan a entender el impacto potencial de retrasos y decisiones de financiamiento, pero no alteran los totales de la Tabla 2. La nota mantiene separados los antecedentes operativos, la cartera de proyectos y el estado financiero de las ayudas federales.

La conclusión para Puerto Rico es que el informe documenta una cartera federal grande con desembolsos muy por debajo de las obligaciones acumuladas. La cifra conjunta de $14.3 billion obligados y $3.6 billion desembolsados debe acompañarse por el desglose FEMA, HUD y DOE, el corte temporal y la advertencia de que el saldo pendiente no es una prueba automática de hurto. Para seguir la recuperación hace falta combinar el informe con evidencia de proyecto, pero sin sustituir sus categorías por una sola cifra.

Fuente principal: U.S. Government Accountability Office, GAO-26-107772.