Contratistas de EE.UU. meten dinero en la campaña de Pierluisi

El Centro de Periodismo Investigativo documentó que, durante el cuatrienio examinado, el comité de Pedro Pierluisi recibió al menos 115,000 dólares en donativos de personas que trabajaban para compañías estadounidenses contratadas por el Gobierno de Puerto Rico. La cifra equivale aproximadamente a una quinta parte de los más de 556,000 dólares que el gobernador reportó como recibidos de residentes de Estados Unidos, según los datos de la Oficina del Contralor Electoral. El cálculo describe aportaciones identificadas por la investigación; no establece por sí solo que hubiera un acuerdo de intercambio.

El punto de partida del reportaje fue una fiesta Blue Christmas celebrada el 8 de diciembre de 2023 en el Fairmont Hotel San Juan. La campaña recaudó allí más de 579,000 dólares. Cinco ejecutivos de Hill International, ninguno residente en Puerto Rico, aportaron en conjunto 6,000 dólares esa noche. Desde diciembre de 2022, los oficiales de Hill sumaban al menos 12,600 dólares registrados a favor de Pierluisi. El registro de aportaciones y la existencia de contratos son hechos separados de una prueba sobre la intención de cada donante.

Hill International tenía un contrato de 11.8 million con la Autoridad de Carreteras como consultora del Tren Urbano y aparecía también como subcontratista en el programa R3 del Departamento de la Vivienda. La investigación relacionó esas actividades empresariales con las contribuciones de personas vinculadas a la firma. La relación temporal o profesional permite formular preguntas de transparencia, pero no demuestra que un contrato se otorgara a cambio de una contribución ni que un donante hubiera recibido trato preferente.

El análisis también revisó bufetes, cabilderos y compañías de reconstrucción. O’Melveny y King & Spalding, que representan al Gobierno y a la Autoridad de Energía Eléctrica en procesos de reestructuración federal, acumulaban entre ambas más de 270 million en contratos durante siete años. Abogados y algunos familiares asociados con esas firmas registraban al menos 27,000 y 39,000 dólares, respectivamente, en aportaciones. La suma contractual pertenece a las firmas; los donativos pertenecen a personas naturales y no deben presentarse como si fueran pagos corporativos idénticos.

En el sector de reconstrucción, Plexos Group aparecía con un donativo de 3,100 dólares a nombre de la empresa que fue devuelto, mientras ejecutivos aportaron 5,350 dólares. DCMC LLC tenía más de 66.7 million en contratos y sus ejecutivos aportaron más de 15,000 dólares en cinco meses. Horne LLP figuraba con más de 131 million en contratos CDBG-DR y 7,600 dólares en donativos. ICF aparecía con más de 621 million en contratos y tres donativos de 500 dólares. Cada ejemplo exige distinguir la empresa, la persona que aporta, la fecha y la naturaleza del contrato.

Andrés Guillemard, director de finanzas del comité, dijo al CPI que nunca se había solicitado un donativo a cambio de algo. El contralor electoral Walter Vélez explicó que, bajo la ley vigente en Puerto Rico, no era ilegal que personas naturales vinculadas a una empresa contratista donaran. También expresó apoyo a cambiar la Ley 222-2011 para cerrar la posibilidad de una práctica de pay for play. La declaración de un funcionario sobre legalidad no resuelve por sí misma una discusión sobre apariencia de conflicto.

El Proyecto de la Cámara 320 buscaba prohibir esas aportaciones y llevaba casi tres años sin votación en pleno, según el reportaje. Medidas posteriores, identificadas como PC 699 y PC 1676, tampoco habían avanzado a una decisión final. El estado legislativo de cada proyecto es distinto de la vigencia de la norma existente. Un proyecto pendiente no prueba que todas las contribuciones sean ilícitas; demuestra que la propuesta de cambio no había culminado su trámite.

A nivel federal, los contratistas del Gobierno de Estados Unidos no pueden aportar a incumbentes o candidatos bajo las restricciones aplicables. La comparación sirve para mostrar que Puerto Rico tenía un régimen diferente en el momento descrito. No permite trasladar automáticamente una prohibición federal a la ley territorial ni concluir que una aportación permitida bajo una jurisdicción tuviera el mismo tratamiento en otra.

La investigación presenta el asunto como una cuestión de influencia y transparencia pública. Cuando una persona vinculada a una firma contratista dona a un comité que busca continuar en el gobierno, el público puede pedir información sobre procesos de contratación, recusaciones, divulgaciones y controles. Esas preguntas son legítimas aun cuando no exista una acusación formal. A la vez, una lista de donantes y contratos no sustituye una auditoría, una determinación del Contralor Electoral o una sentencia.

La conclusión verificable es que el CPI identificó al menos 115,000 dólares en aportaciones de ejecutivos y abogados relacionados con contratistas públicos, junto con ejemplos de contratos que alcanzaban millones de dólares. Guillemard negó solicitudes condicionadas; Vélez describió la regla vigente y favoreció una reforma; varios proyectos permanecían sin votación. El registro permite discutir riesgo de conflicto y diseño legal sin afirmar que cada donativo fuera comprado, ilegal o seguido por un beneficio particular.

Fuente principal: Centro de Periodismo Investigativo, investigación sobre contratistas y donativos a la campaña.