Borinquen Made2022-05-17 · Economía y política
Contralor CP-22-08: Negociado 9-1-1 desembolsó $4.443 million en edificio sin utilidad
El 17 de mayo de 2022, esta nota ancla en el Informe de Auditoría CP-22-08 de la Oficina del Contralor de Puerto Rico sobre el Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1 del Departamento de Seguridad Pública, fechado el 5 de mayo de 2022 y publicado el 11 de mayo de 2022 en ocpr.gov.pr. El periodo auditado es del 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2021; en algunos aspectos se examinaron operaciones anteriores y posteriores. La Contraloría emitió una opinión cualificada: las operaciones, en lo concerniente a los controles objeto del informe, se realizaron de acuerdo con las normas aplicables excepto por los hallazgos 1 y 2. Opinión cualificada no es acusación penal, acusación penal no es convicción; el informe documenta hallazgos administrativos y fiscales para corrección y seguimiento.
El Hallazgo 1 documenta una inversión millonaria en un edificio sin utilidad. El 22 de diciembre de 2014 el Negociado formalizó la escritura de compraventa y adquirió del banco comercial un edificio por $3,300,000. Previo a eso, el 25 de marzo de 2014 se formalizó un contrato de opción de compra por $190,000. Del 25 de marzo de 2014 al 31 de enero de 2021, el Negociado desembolsó $4,443,479 por la adquisición, permisos, mantenimiento, seguridad, seguros, servicios profesionales y servicio eléctrico del edificio, que no habían tenido utilidad porque el edificio nunca se usó. El desglose del informe es concreto: adquisición $3,300,000; arquitectos $420,706; seguridad $360,733; energía eléctrica $125,723; pólizas $116,840; abogados $44,480; aranceles y sellos $31,132; gerencia de proyectos $17,291; servicios legales y estudio de título $16,770; permiso de construcción $8,766; fumigación $1,038. Total: $4,443,479. Desembolsado sin utilidad no es tipificación de hurto; es el propio informe el que fija el monto y el efecto operativo.
Las inspecciones del 21 de octubre de 2020 y del 17 de mayo de 2021 hallaron el edificio inoperante y deteriorado: cristales rotos, elevadores y generador sin funcionar, estructura de acondicionador de aire colapsada, lozas y plafones desprendidos, comején en tuberías eléctricas y azotea sin mantenimiento, con equipos del Sistema 3-1-1 almacenados. Además, la escritura de compraventa se registró en la Oficina del Contralor con 2,521 días de tardanza: se registró el 16 de noviembre de 2021, después de remitir el borrador del informe. Esa tardanza impidió acceso ciudadano oportuno al documento público y permitió emitir el desembolso sin remisión previa a la OCPR, según el criterio de la Ley Núm. 18 de 1975 y el Reglamento 33.
El efecto fiscal que el informe separa con claridad: los $4,443,479 sin utilidad privaron al Negociado de usarlos en la administración del Servicio 9-1-1 y no eliminaron los gastos de arrendamiento, que de enero de 2015 al 31 de enero de 2021 sumaron $5,078,171 —$4,897,333 en instalaciones operacionales y administrativas, $38,193 en archivo y $142,645 en estacionamiento—. Arrendamiento pagado en paralelo a un edificio comprado y vacío no es “doble hurto”; son dos rubros de desembolso documentados que el informe exige reconciliar con el interés público. La causa citada incluye la resolución del 1 de septiembre de 2016 que pospuso la habilitación del edificio tras la restricción de depósitos en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) bajo la Ley 21-2016.
El Hallazgo 2 cubre la deuda del CRIM no cancelada en la adquisición. En la escritura del 22 de diciembre de 2014 el banco debía pagar las contribuciones adeudadas al CRIM hasta la compraventa; el Negociado respondía después e debía inscribir el inmueble a su nombre. A la fecha de compra existía deuda contributiva de $160,401 —$19,299 en 20 catastros y $141,102 en 15 catastros restantes— que el Negociado no se aseguró de que el banco pagara al cierre. Al 4 de mayo de 2021 esa deuda ascendía a $247,695: principal $133,205, intereses $101,170 y recargos $13,320. El cambio de dueño en el CRIM se solicitó el 12 de diciembre de 2019 —más de cuatro años y medio después— y se completó entre el 19 y el 22 de octubre de 2020. Sin cancelar la deuda, el CRIM no concedió la exención contributiva que corresponde a propiedad gubernamental. Deuda CRIM crecida no es sentencia criminal; es exposición contributiva y bloqueo de exención.
El Comentario Especial explica el impacto de la restricción BGF. Al 30 de junio de 2016 los estados financieros auditados reportaban depósitos en el BGF por $12,314,809. El 31 de octubre de 2016 se ajustó para reconocer $11,309,740 como reserva por menoscabo (reserve for impairment). El objetivo específico del informe habla de restricción a $11.3 millones bajo la Ley 21-2016. El 2 de abril de 2019 la entonces comisionada pidió a AAFAF restituir $11,332,873; el 17 de marzo de 2021 esos fondos se restituyeron. Mientras tanto, el Negociado incumplió la distribución mínima del 40% de recaudos a las agencias de seguridad que fijaba la Ley 144-1994, Ley de Llamadas 9-1-1. Fondos restringidos en BGF no es fondos desembolsados a Policía, Bomberos u otras agencias de primera respuesta.
Contexto de la unidad: la Ley 144-1994 creó el sistema 9-1-1 y la entonces Junta; la Ley 20-2017 creó el Departamento de Seguridad Pública y el Negociado para dirigir 9-1-1 y 3-1-1. Los cargos a líneas telefónicas —tope de $0.50 mensuales residencial y $1.00 comercial, según el informe— solo pueden usarse para personal, tecnología y costos atribuibles a emergencias. En el año fiscal 2018-19 el Negociado tuvo ingresos por $85,762,777, gastos por $84,997,850 y una pérdida no operacional por $9,226,637, con déficit de $8,461,710 al considerar depósitos BGF. Ingresos no es gastos, gastos no es déficit por menoscabo BGF: tres capas distintas en el mismo expediente.
Las recomendaciones van al Gobernador y a la Asamblea Legislativa (impacto BGF en emergencias), al secretario de Seguridad Pública y al comisionado: evitar más deterioro del edificio, evaluar viabilidad operacional, registrar escrituras a tiempo y cancelar la deuda contributiva. Lectura para el ciudadano el 17 de mayo de 2022: el primary CP-22-08, una semana después de su comunicado, fija $4,443,479 desembolsados sin utilidad, $5,078,171 en arrendamientos paralelos, escritura tardía 2,521 días, deuda CRIM de $160,401 subida a $247,695, y $11,309,740 reconocidos como menoscabo BGF con restitución en marzo de 2021. Asignado o restringido no es desembolsado con utilidad, desembolsado con utilidad no es deuda CRIM, deuda CRIM no es hurto adjudicado. Son hallazgos de auditoría para corrección pública, no un veredicto de tribunal.