OIG: el grant de FEMA a PREPA y los contratos Whitefish y Cobra no cumplieron del todo las reglas

El 27 de julio de 2020, el informe final de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos examinó el grant de Asistencia Pública de FEMA a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico y sus contratos con Whitefish y Cobra. El informe, OIG-20-57, se titula FEMA’s Public Assistance Grant to PREPA and PREPA’s Contracts with Whitefish and Cobra Did Not Fully Comply with Federal Laws and Program Guidelines. Fuente principal: https://www.oig.dhs.gov/sites/default/files/assets/2020-07/OIG-20-57-Jul20.pdf. Es un informe distinto de OIG-20-20, sobre contratos adelantados, y de auditorías posteriores de la red. Sus hallazgos son de cumplimiento; no constituyen por sí mismos una acusación penal ni prueban que el dinero haya desaparecido.

El resumen ejecutivo indica que PREPA cumplió los requisitos federales de contratación al adjudicar sin competencia el contrato de Whitefish. Sin embargo, los costos del contrato podrían no haber cumplido los principios federales que exigen que sean razonables para resultar elegibles. La supervisión de PREPA sobre el contrato de Cobra no cumplió las guías del programa de Asistencia Pública, y el grant de FEMA para Cobra tampoco cumplió por completo esas guías. El informe recomendó asistencia técnica y orientación para revisar la supervisión de contratos por tiempo y materiales y la razonabilidad y elegibilidad de sus costos.

En cuanto a Cobra, FEMA obligó inicialmente unos 200 millones de dólares; el monto aprobado llegó después a unos 945 millones; y para octubre de 2018 se habían reembolsado más de 800 millones. Una obligación, una aprobación y un reembolso describen etapas distintas del financiamiento y no equivalen necesariamente a efectivo desembolsado en cada factura. Whitefish y Cobra fueron contratos para restaurar la red después del huracán María, como trabajo de emergencia y permanente bajo la Ley Stafford; no fueron adjudicaciones CDBG-DR de HUD ni préstamos del Departamento de Energía.

La lectura de cumplimiento tiene tres partes. Primero, el informe concluyó que la contratación no competitiva de Whitefish pasó el requisito federal según su resumen ejecutivo. Segundo, dejó abierta la cuestión de si los costos eran razonables bajo los principios aplicables. Tercero, concluyó que la supervisión de Cobra por PREPA y la documentación de la revisión del grant por FEMA fueron insuficientes. La falta de documentación o de supervisión no equivale a una sentencia. Los contratos por tiempo y materiales requieren controles sólidos porque el contratista factura horas y materiales; sin verificación, aumenta el riesgo de desperdicio o abuso.

El paquete contiene cuatro recomendaciones: dos para que FEMA ofrezca asistencia técnica a Puerto Rico sobre las regulaciones federales y las guías de Asistencia Pública, y dos para que FEMA desarrolle orientación sobre la supervisión de subreceptores y la determinación de la razonabilidad y elegibilidad de los costos. FEMA aceptó tres recomendaciones y no aceptó una, según el resumen ejecutivo. Esa respuesta no significa que se haya recuperado efectivo ni constituye una acusación.

PREPA es la empresa pública de electricidad que, tras los huracanes Irma y María, necesitaba cuadrillas y materiales a escala de toda la isla. Los contratos de emergencia con proveedores externos fueron el vehículo rápido para la restauración. El informe no niega la emergencia: examina si la documentación federal y la supervisión local cumplieron las reglas. La Ley Stafford autoriza asistencia; el reglamento 2 C.F.R. Parte 200 y las guías del programa fijan la elegibilidad. Un grant de Asistencia Pública no demuestra que cada renglón de una factura sea admisible.

En síntesis, OIG-20-57 concluyó que la contratación de Whitefish cumplió los requisitos, aunque sus costos podrían no ser razonables; también señaló deficiencias en la supervisión de Cobra y en la revisión del grant de FEMA. El informe sitúa el financiamiento de Cobra en el orden de cientos de millones de dólares obligados, aprobados y reembolsados. No determina cuánto se robó ni nombra condenados. Tampoco debe confundirse con OIG-20-20, sobre contratos adelantados.

El informe no debe mezclarse con el posterior FAASt de 9.5 a 13 mil millones de dólares para trabajo permanente, que corresponde a otra fuente. Tampoco se debe convertir la aprobación de unos 945 millones de dólares en una afirmación de fondos robados ni atribuir recuperaciones que el resumen ejecutivo no cuantifica.

Fuente: Department of Homeland Security Office of Inspector General, OIG-20-57, 27 de julio de 2020. https://www.oig.dhs.gov/sites/default/files/assets/2020-07/OIG-20-57-Jul20.pdf