CPI: Se vende La Fortaleza — donativos, CEE y vacas flacas

El 23 de octubre de 2008, el Centro de Periodismo Investigativo publicó una investigación sobre los recaudos y los informes de ingresos y gastos presentados ante la Comisión Estatal de Elecciones entre enero y septiembre. El reportaje situó esos datos en un año de crisis económica y de casos federales relacionados con el gobierno. Los donativos a partidos y aspirantes a la gobernación estaban muy por debajo de los niveles de 2004, pero el análisis también describió excesos, atrasos y contradicciones en información que debía presentarse bajo juramento.

Aníbal Acevedo Vilá había reportado aproximadamente 413,016 dólares, frente a 2.6 million un mes antes de la elección de 2004. La reducción calculada era de 84 por ciento. El Partido Popular Democrático habría reunido cerca de la mitad de los 1.1 million que había recaudado en el ciclo anterior. El reportaje indicó además que Luis Fortuño, de manera individual, llevaba 1 million más que los 2.6 million atribuidos a Pedro Rosselló en 2004, mientras el Partido Nuevo Progresista había recaudado poco menos de 750,000 dólares, frente a 2.2 million, una caída de 65 por ciento.

El Partido Independentista Puertorriqueño registraba una disminución aproximada de 82 por ciento, de 268,562 a 50,000 dólares. El Partido Puertorriqueños por Puerto Rico, que participaba por primera vez, rondaba 7,000 dólares. Estas comparaciones medían fondos reportados durante cortes electorales concretos; no constituían una cuenta de toda la actividad política ni una predicción del resultado de la elección. El dinero reunido por una campaña, el dinero disponible para una candidatura y el dinero destinado a defensa legal podían pertenecer a cuentas y usos distintos.

El contexto federal también estaba presente. Acevedo Vilá enfrentaba cargos federales, y tanto él como el Partido Popular Democrático recaudaban dinero para la defensa legal en una cuenta cuyos donantes, según el reportaje, permanecían ocultos con el aval del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. La existencia de esa cuenta y la discusión sobre su divulgación planteaban una pregunta de transparencia, pero una aportación no identificada en ese registro no permitía atribuir intención ilícita a cada donante.

El reportaje cuestionó la fiscalización electoral. Señaló que Ramón E. Gómez Colón tenía más de 8,000 referidos del Auditor Electoral sin una multa pública y que se había negado a divulgar nombres hasta tomar una determinación. Un referido es una remisión para evaluación administrativa; no equivale automáticamente a una acusación penal ni a una condena. Del mismo modo, una multa requeriría una decisión de la autoridad competente y no podía darse por hecha solo porque existiera un referido.

Entre los ejemplos citados aparecían donativos por encima del límite anual de 1,000 dólares, informes entregados tarde y omisiones en los informes de Acevedo correspondientes a agosto y septiembre. El Partido Popular Democrático acumulaba 35 informes tardíos si se contaban los comités de acción política. El reportaje también mencionó un comité de acción política en Gurabo con 4,500 personas y 380 dólares, así como actividades descritas como meriendas de Fortuño en las que no se identificaban los donantes.

La relación incluía un donativo del Partido Nuevo Progresista de 14,602 dólares atribuido a Amigos Minilla sin confirmación registral, según la investigación. Una muestra de los informes de Fortuño de julio y agosto mostraba que casi la mitad de 170,000 dólares procedía de Estados Unidos. El origen geográfico de un aporte podía requerir revisión de residencia, identidad y límites aplicables. Por sí solo, no demostraba que el aporte fuera ilegal o que la campaña hubiera actuado con conocimiento de una irregularidad.

Otro ejemplo reunió a 24 personas que habían hecho aportaciones repetidas el mismo día por un total de 45,200 dólares por encima del límite. La repetición temporal podía motivar una revisión de nombres, fechas, recibos, reembolsos y coordinación entre donantes. Sin el expediente completo no permitía decidir si se trataba de aportaciones independientes, errores de reporte, fraccionamiento deliberado o una explicación distinta. El valor del dato era señalar una anomalía concreta para fiscalización.

La investigación presentaba las cifras como parte de un sistema de financiamiento político bajo presión. La caída de recaudos podía reflejar la crisis, la competencia electoral, los litigios y la capacidad de cada comité para solicitar fondos. A la vez, los atrasos y las contradicciones reducían la claridad del registro público. Comparar 2008 con 2004 exige mantener las fechas de corte y no tratar una cifra parcial como el total final de una campaña.

La lectura responsable separa tres niveles: lo que una campaña reportó, lo que una investigación publicada identificó y lo que la autoridad electoral finalmente determinó. Un donativo reportado no equivale por sí mismo a un delito adjudicado. Un referido administrativo no equivale a una condena. La publicación del CPI permite examinar topes, divulgación y controles; la adjudicación de responsabilidad requeriría expedientes, decisiones y pruebas adicionales.

Fuente principal: Centro de Periodismo Investigativo, investigación sobre recaudos, informes y fiscalización electoral en 2008.